El Informe de la Comisión de la Verdad cuenta con 22,000 denuncias de graves hechos de violencia durante enero de 1980 a junio de 1991 en los que se incluye a actuales diputados, empresarios y fundadores de partidos políticos, pero también a militantes históricos y otros funcionarios. Los casos tendrán que ser investigados y juzgados, de ser solicitado por las víctimas, o si la Fiscalía actúa de oficio. Algunos políticos involucrados en dicho informe manifestaron que “esperaban esta oportunidad para defenderse en juicio y limpiar su nombre”, dijeron.

La sentencia es clara y reivindica que los hechos excluidos de la Amnistía, tras la finalización del conflicto armado, y que deberían enjuiciarse, son los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes.

Estos crímenes están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción, y es ahí donde resurge la oportunidad de judicialización para quienes quieran limpiar, de una vez por todas, su nombre.

Uno de los mencionados en el informe es el diputado por el Partido de Concertación Nacional, coronel José Antonio Almendáriz Rivas, a quien se le responsabiliza la ejecución de la médico española Begoña García Arandigoyen. El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 1990 en Santa Ana. Se acusó al ahora legislador y a su subalterno Roberto Salvador Hernández García.

“Yo, por solidaridad a mis compañeros me he opuesto a la derogatoria de la Ley de Amnistía. En mi caso, no digo que me alegre de lo que pasa, pero me permite limpiar mi nombre de algo que se me imputó sin mi presencia, sin haberme juzgado y vencido en juicio. A mi favor está esto, pero por mis compañeros no”, indicó.

De acuerdo a Almendáriz, se le acusa de encubrimiento del asesinato. En un principio se conoció que él había sacado de un hospital a la doctora en medicina y que la había torturado. Luego, investigaciones periodísticas citan al comandante Raúl Hércules. Este señala que ella estaba en el volcán de Santa Ana y murió en un combate del batallón Pipil.

“A mí me responsabilizan que era el comandante de las unidades, pero realmente el responsable era mi comandante José Humberto Gómez, yo era el segundo jefe y me mandaron a documentar la injerencia extranjera, porque ella era española. A mí esta resolución me favorece, inclusive yo dije que esta resolución pegó un colazo de culebra”, indicó.

Para Almendáriz este momento le permite esclarecer los señalamientos ya que cuenta con todas las pruebas necesarias para desmentir las acusaciones en su contra en un tribunal.

Yo no tengo ningún temor de ser investigada (excomandante Nidia Díaz)

El trabajo de la Comisión de la Verdad fue un trabajo avalado por las Naciones Unidas y ambas partes en conflicto estuvieron de acuerdo en establecerlo. La exguerrillera Nidia Díaz, asegura que la amnistía “no fue nunca inconstitucional”. “Yo no tengo ningún temor (de ser investigada)”, señaló.

Díaz, actual diputada por el FMLN, sufrió la desaparición de su esposo durante el conflicto armado a manos del ejército; sin embargo, busca el perdón y manifiesta su duda ante una pronta y debida justicia. La legisladora asegura que no guarda rencor y espera que nunca más se repitan estos hechos. A pesar de ser víctima señala que no buscará que el caso se judicialice.

“Las familias aspiran a que se conozca la verdad para saber cómo se dieron los hechos y que se le dé a sus familiares sana y debida sepultura. Hasta ahora nosotros solo vamos al monumento por los desaparecidos, ponemos una flor”, indicó.

La diputada reiteró que de los dos caminos que tiene es judicializar el caso, aunque esto no va a “hacer aparecer a su esposo”, y el otro camino es el perdón.

“Cuando yo lo encuentre, mi caso prescribirá por ese hecho. Eso es lo que aspiramos que aparezca. Como persona que comprende el conflicto y que reconoce que no están las viejas estructuras, perdono. Tengo esperanza que la sociedad y las nuevas generaciones construirán nuevas rutas”, insistió.

Me siento orgullosísimo de haber sido asesor de la Fuerza Armada durante el conflicto (diputado Rodolfo Parker)

A Rodolfo Parker, actual diputado por el PDC, se le acusa de haber encubierto el caso de los Jesuitas, cuando fungió como asesor de la Fuerza Armada salvadoreña. Sin embargo niega tales acusaciones y expresa sentirse orgulloso de haber trabajado en la institución y que de encontrarse señalado emitirá su defensa para quedar de una vez desmarcado de dichos señalamientos.

“Me siento orgullosísimo de haber sido asesor de la Fuerza Armada durante el conflicto, y así se siente mi familia también. Nunca he actuado fuera de la ley y puedo ver a los ojos a cualquier persona. Jamás una acusación infundada va a rozar mi dignidad. Estoy en la capacidad de defenderme en cualquier momento”, indicó.

Asesinato de alcaldes y del poeta Roque Dalton

Entre 1984 y 1988 hubo asesinatos y secuestros de al menos 11 alcaldes municipales en zonas conflictivas. La Comisión de la Verdad atribuyó el hecho al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, una de las fuerzas que conformaba el FMLN). Este bloque se conformaba por Jorge Meléndez, Ana Guadalupe Martínez y también Joaquín Villalobos.

El actual director de Protección Civil, Jorge Meléndez, quien durante la guerra fue conocido con el seudónimo de “Jonás”, señaló que el informe de la Comisión de la Verdad exigía que se aclararan aquellas acciones que profundizaron el conflicto y que lo prolongaron a fin de hacer reparaciones morales, pero con mucho contenido político, señaló.

Para Meléndez las nuevas generaciones no comprenden la historia ni interpretan los hechos a cabalidad. “Decir que la recopilación que hace la Comisión de la Verdad es de criminales, es una mala manera de interpretar y decir las cosas, pero es entendido porque la población joven no comprende”, dijo.

El funcionario manifestó sentirse en extremo cuestionado por algunos delitos, como el del poeta Roque Dalton y el de los alcaldes de los cuales aseguró que no tuvo participación.

“A mí se me acusa de haber sido un dirigente en el ERP y yo era, nada más, un combatiente. El líder armado era Roque Dalton y tampoco tengo participación en los hechos que se me están señalando, cuando fui parte del ERP”, aseguró.

Ahora el trabajo queda en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la institución que tendrá a su cargo abrir e investigar, de oficio, para judicializar los cientos de crímenes ocurridos durante un conflicto que llenó de sangre a El Salvador.