Dos congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han pedido a su país considerar el retiro de las visas estadunidenses a los diputados salvadoreños que aprobaron la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general.

Se trata de Gregory Meeks y Albio Sires, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara, respectivamente.

En un comunicado colgado en el sitio web del Comité señalan al presidente Nayib Bukele de asestar “un golpe brutal a la democracia” en la remoción de los magistrados y al nombrar a otros sin el debido proceso.

“La destitución de los jueces de la corte constitucional y la instalación de leales políticos para reemplazarlos claramente no cumplió con el estándar establecido en la ley salvadoreña y socavó directamente el espíritu del proceso de los Acuerdos de Paz de 1992”, dice el reporte.

La misma situación exponen sobre la remoción de Raúl Melara como jefe de la Fiscalía General de la República ya que consideran que daña al sistema de justicia.

“La posterior destitución del Fiscal General… dañó gravemente la integridad e independencia del sistema de justicia. En una noche, el presidente Bukele borró efectivamente la separación de poderes y la independencia del poder judicial, condiciones de las que depende una democracia funcional”, indica el documento.

Para estas autoridades estadounidenses, las acciones de los legisladores salvadoreños merecen que ese país detenga y reevalúe la asistencia que se brinda a las instituciones del sistema judicial nacional.

“La administración responsable de los recursos de los contribuyentes estadounidenses requiere una evaluación objetiva de si estas personas recién instaladas, incluido el nuevo fiscal general, planean impartir justicia igualitaria bajo la ley salvadoreña o promover los intereses estrechos del presidente y sus aliados”.

Por lo anteriormente expuesto consideran que Estados Unidos debe revocar las visas a los diputados que participaron en la destitución, así como los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaron en el hecho.

“En interés de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, lo instamos a revertir el rumbo, restaurar el orden constitucional y perseguir una agenda de gobierno inclusiva y democrática”.