La Asamblea Legislativa tenía hasta este 29 de julio para elegir a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, los diputados no lograron ni siquiera reunir a la subcomisión que estudiará los perfiles antes de irse a la vacación agostina, por lo que la institución entró en acefalía a partir de este día.

El presidente de la Corte de Cuentas, Jovel Humberto Valiente, y los magistrados Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande Rivera, llegaron hasta este viernes en sus funciones, luego de que la Sala invalidara su elección.

A pesar de tener 30 días para elegir, los diputados de la comisión política no pudieron llegar a un acuerdo para determinar si elegirían a los magistrados para lo que resta del periodo, es decir, un año, o si lo harían para un nuevo periodo por tres años.

Esa discusión empantanó la elección, pues a partir de esa decisión se determinaría si se abriría una nueva convocatoria o se usaría la lista que se tenía desde 2015 cuando fueron elegidos los actuales titulares de la institución.

Otro de los factores que atrasó esta elección fueron las dos semanas de inactividad que tuvo la Asamblea  debido al fallo de la Sala de lo Constitucional que inhabilitó a los diputados suplentes y que provocó una parálisis en este órgano de Estado.

Finalmente, hasta la última plenaria previo a la vacación agostina la Asamblea aprobó abrir una nueva convocatoria para remplazar a los magistrados, consientes que ya no cumplirían el plazo dado por la Sala.

Asimismo, acordaron autorizar disposiciones transitorias para crear una comisión en la CCR para que asuman funciones administrativas por un período de 45 días y así no detener el trabajo de la institución. No obstante, estas facultades quedarán sin efecto cuando se elija al presidente y al primer y segundo magistrado.

Según el decreto transitorio, la comisión podrá efectuar contrataciones únicamente de bienes y servicios, así como prórrogas de contratos de suministros. También podrá ejercer actividades propias del quehacer administrativo y financiero de la Corte, incluyendo el pago de salarios y otras prestaciones.

Sin embargo, la comisión no podrá contratar, trasladar, ni despedir personal, ni adquirir nuevos compromisos. La acefalía de la Corte implica que no se podrá ordenar auditorías ni nuevos procesos hasta que la Asamblea elija los nuevos titulares.