Luego de que se había confirmado que la Corte Plena de la CSJ discutiría los casos de probidad de la exdiputada de la República, Ana Vilma de Escobar; el exvicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos; y del presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, hoy Blanco indicó que siente "frustración" porque no se podrán resolver.

"Por lo que veo no se van a conocer estos casos por retrasos y por sacar de la agenda el tema. Para el país es un gran fracaso, porque no los conocerán y no sabrán los resultados", dijo, pero a la vez aseguró que la información sobre esto está recolectada.

El magistrado, quien es el coordinador de la Comisión de Ética, expresó que: "Siento que los funcionarios que jugaron a dilatar la investigación lo lograron, la información se recogió está ahí, aunque no nos vayamos queda latente la posibilidad de extinguirse los bienes adquiridos por ciertos funcionarios investigados".

De los 22 casos de funcionarios que tuvieron problemas al declarar bajo la Ley de Probidad, 13 de ellos sí dieron indicios de enriquecimiento ilícito, mientras que el resto no lo fueron, puntualizó Blanco.

Se requiere mayor vigilancia sobre el uso de estos fondos, ese es el origen de la corrupción, tenemos leyes abundantes para el combate de la corrupción, pero las instituciones no funcionan como deberían, han sido manipuladas", indicó.