La Asamblea Legislativa se volvió a vestir de gala para una nueva elección de segundo grado y no pudo evitar, por décima vez, los señalamientos por la elección de personas ligadas a partidos políticos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Desde que se comenzaron a conocer los nombres de los profesionales que querían los partidos para tomar el relevo de los actuales magistrados del TSE, el fantasma eterno de elección por conveniencias políticas volvió a rondar por los pasillos. Diferentes organizaciones sociales alzaron la voz contra algunos candidatos y los diputados hicieron caso omiso. 

De la institución en que algunos abogados de la sociedad civil esperaban algo diferente provino una propuesta en sintonía con la de los partidos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió dos ternas en las que destacaban un profesional del derecho ligado al FMLN y otro que era empleado de la Asamblea. Las críticas no hicieron que nadie desistiera. 

Un día después de finalizadas las entrevistas para los cargos, los integrantes de la comisión política levantaron un dictamen que dejaba ver un acuerdo entre todos los partidos para no bloquear las propuestas de los otros. Solo el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, se opuso a la votación. 

Entre los encargados de dictar justicia electoral estarán personas con "falta de conocimiento en materia electoral", según organizaciones sociales como la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Acción Ciudadana y la Plataforma Ciudadana Electoral. Dora Esmeralda de Barahona será la titular del ente colegiado. 

Junto con ella fue electo, a propuesta de ARENA, como magistrado Luis Guillermo Wellman Carpio, un exdiputado suplente del partido ARENA y hasta antes de su elección figuraba como uno de los trabajadores que los tricolores tenían en la Asamblea. Esto no fue impedimento para los partidos, ni para el FMLN que acompañó con sus votos. 

El tercer magistrado es un viejo conocido de la política por ser un férreo crítico de la anterior Sala de lo Constitucional, a la que dijo solo le faltó organizar las elecciones. Julio Olivo deja la presidencia pero a petición del FMLN se mantiene hasta 2024 como magistrado. Algunas organizaciones cuestionaron sus vínculos con el partido de izquierda. El diputado del CD, Juan José Martel no olvidó que Olivo "canceló" a su partido y no le dio el voto. 

De la ternas de la Corte, uno de los elegidos fue Rubén Atilio Meléndez García, quien es señalado de haber sido donante del Frente durante varios años. Meléndez fue magistrado suplente en el tribunal que finaliza su gestión. 

El otro elegido que proviene de la Corte es un abogado que se estaba desempeñando como gerente de operaciones legislativas, Noel Antonio Orellana Orellana. En los últimos meses fue uno de los que trabajó como asesores de la presidencia de la Asamblea, en manos de Norman Quijano y el partido ARENA. 

La voz disonante de los diputados Leonardo Bonilla, Francis Zablah y Milena Mayorga, que aprovechó su intervención para lanzar un dardo a su partido por dejarla fuera de la decisión, no fueron suficientes para convencer a los demás legisladores. Más de algún arenero, como Marcela Villatoro, además de estar de acuerdo con la elección devolvió el recado a Mayorga. 

"¿No está en mis derechos políticos optar a cargos públicos?"

Luego de más de dos horas del trámite de someter a votación el dictámen de la comisión Política y la elección nominal y pública, llegó el momento de la juramentación, la primera en ser investida fue la nueva presidenta, Dora de Barahona.

Luego era el turno de los demás magistrados que su hicieron ingreso. Varios diputados de ARENA se colocaron al costado de la entrada y saludaron el que fue su asesor en diferentes temas, Wellman Carpio. Entre saludos y abrazos fraternos llegó hasta el podio donde fue juramentado. 

Terminado el formalismo, los cuatro nuevos magistrados emprendieron su camino a la sala de conferencias de la Asamblea, pero fueron entretenidos por varios diputados que les salían al paso y los felicitaban por su nombramiento. 

La primera pregunta fue sobre los retos que enfrenta el nuevo TSE, sin ahondar en detalles la presidenta la contestó. Pero el cuestionamiento que más se repitió fue los señalamientos de las organizaciones sociales a algunos de los ahora magistrados por sus vínculos partidarios. 

Ante la pregunta directa a su persona, Guillermo Wellman Carpio dijo que en la entrevista que le hicieron los diputados había reconocido su pasado tricolor, y añadió que fue síndico municipal en 1989 de la alcaldía de Sonsonate. 

"Fui diputado y lo dije en la entrevista, y fui síndico municipal en 1989, cierto. Luis fui, pero ¿no es parte de mis derechos políticos optar a un cargo público? ¡Por favor!", indicó. Dijo que si llegara una semana por inconstitucional lo van a recibir. 

Misma postura dio Meléndez García, pero fue mucho más breve, 45 segundos exactos, para su respuesta. Dijo que nadie puede tener "condena perpetua", reconoció que fue candidato a diputado suplente por el FMLN, agregó que no puede haber una "estigmatización", pero dijo que se desafilió al partido luego de las elecciones de 2015. 

Uno de los magistrados tiene casos abiertos en Fiscalía

Para coronar la juramentación, el nuevo magistrado Noel Orellana confirmó que tiene dos casos abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), donde personas lo acusan de delitos como falsedad ideológica y por destrucción y ocultamiento de documentos. Añadió que tiene información de que uno de ellos está de terminar porque la persona que lo señala, desistió. 

La justicia electoral del país desde este 1 de agosto estará en manos de una presidenta señalada de escasa experiencia en material electoral, de un exdiputado suplente de ARENA y empleado de la fracción legislativa, un excandidato a diputado suplente de FMLN, un asesor de la presidencia de la Asamblea. Ellos cuatro se suman a Julio Olivo, cuestionado en reiteradas ocasiones por vínculos con el FMLN. 

El Centro se Estudios Jurídicos (CEJ) advirtió por medio de su cuenta de Twitter que de hacerse la juramentación iban a valorar una demanda por inconstitucionalidad. De ser así, la nueva Sala de lo Constitucional, criticada por vínculos partidarios, deberá valorar la situación. Los magistrados anteriores, los "cuatro fantásticos" quitaron a varios funcionarios por el mismo problema.