Históricamente los gobiernos han regalado cada año a decenas de asociaciones y fundaciones privadas una millonaria subvención proveniente de los fondos públicos, a tal grado que un ejército de ONG se ven beneficiadas por los impuestos de todos los salvadoreños.

Ese es el fenómeno que ha saltado a la vista luego de que se aprobara el presupuesto 2017, uno de los más complejos debido a su falta de financiamiento en algunas áreas, pero con una millonaria cantidad destinada a organizaciones no gubernamentales. ¿Qué ha hecho que el Gobierno o la Asamblea Legislativa priorice regalarle dinero a fundaciones o asociaciones antes que a la Fiscalía, a escuelas o a hospitales?

A criterio de Eduardo Escobar, representante del movimiento Acción Ciudadana, debido al poco control que se tiene del dinero que se le entrega a estas fundaciones hay una gran posibilidad de que este no se destine para lo que se establece y sea utilizado para financiar otro tipo de actividades como campañas electorales o actividades de partidos políticos.

Escobar teme que esta práctica no esté amparada a ninguna ley y por lo tanto se estén cometiendo ilegalidades. “Yo dudaría que tiene facultades la Asamblea de hacer asignaciones. La Asamblea esta facultada para gastos del Estado no de gastos de particulares, para mí carece de competencia legal”, declaró.

Y es a raíz de todos estos vacíos que se presta a que los políticos puedan hacer un uso discrecional de los fondos públicos, porque ni siquiera hay criterios que las organizaciones deben cumplir para ser beneficiadas.

“Cada partido tiene su grupo de asociaciones a las que se les va a dar fondos pero esto se introduce al proyecto de dictamen y después al proyecto de ley hasta última hora. No hay ningún tipo de criterio sobre estas asignaciones”, dice el representante de AC.

Este tipo de irregularidades han hecho suponer a este movimiento ciudadano que hay algo más detrás de esta repartición. Por esa razón hace un par de meses AC interpuso una demanda ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que auditara a todas las organizaciones que habían recibido fondos públicos en todos los presupuestos de nación de años anteriores.

“Nosotros no sabemos si en estos fondos se están pagando apoyos partidarios, apoyos políticos. No hay certeza de qué pasa con ese dinero y para qué se usa, pues precisamente porque está exento de ese control que la Corte de Cuentas debería haber solicitado”, sentenció.

Políticos justifican uso de fondos

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, reconoce que esta ha sido una práctica vieja en la historia política del país.

“Que se haya venido haciendo, no significa que se tiene que seguir haciendo, sobre todo porque si se hizo en el pasado, tal vez las finanzas públicas no estaban en las condiciones en que están ahora, pero aun así, si el gobierno siempre hubiera estado con escasez de dinero el que se haya hecho en el pasado no justifica que se haga en este momento, no con estas crisis fiscal”, opinó el legislador.

Portillo Cuadra, al igual que AC, denunció que en las asignaciones de los fondos para las organizaciones en este ejercicio fiscal, abundan las que están vinculadas a los partidos que votaron por el presupuesto y esto solo puede evidenciar que hay interés detrás de esto. Agregó que no tiene sentido beneficiar a asociaciones cuando muchas de estas realizan tareas que directamente deberían hacer las carteras de Estado.

“Por ejemplo, ahí hay una institución para velar por los pacientes renales de San Salvador y por qué no le dan esos $25,000 que le dieron a esa ONG al hospital Rosales para que compre catéter e insumos médicos. Segundo, ahí tiene a Vota Joven, esta es una ONG afín a un partido político que no es el FMLN, sino que a uno de los que votó por el presupuesto. Ellos, entre comillas, lo que hace una labor de sensibilización para ir a votar y para dar a conocer el Código Electoral. Y no para eso está el TSE”, cuestionó.

Por su parte Rolando Mata, del FMLN, también dijo que esta no es una práctica nueva, pero además justificó que aunque hay otras necesidades que deberían estar en el presupuesto es necesario otorgar fondos a estas instituciones que ejecutan planes y proyectos complementarios a la tarea que hace el Ejecutivo.

“Estas organizaciones abonan a construir el tejido social y la participación ciudadana, que para nosotros es importante porque se vuelve fundamental para la democracia”, dijo el efemelenista.

No obstante, la diputada del FMLN, Lorena Peña, el mismo día de la aprobación del presupuesto señaló que también se habían beneficiado a instituciones afines a la derecha. “Varias fundaciones dirigidas por conocidos amigos de ARENA”, dijo.

El dictamen del presupuesto general de la nación fue aprobado con votos del FMLN, GANA, PCN y PDC. Este contiene una asignación de $28.2 millones para distintas organizaciones entre las que están varias de orden religioso y otras orientadas a aspectos de salud, educación o de caridad. Sin embargo, otros rubros más vitales han sufrido recortes, como es el caso del Ministerio de Salud al que se le recortó $600,000 y a Educación $1.2 millones.