• Diario Digital | miércoles, 28 de septiembre de 2022
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Política - Provoca incertidumbre

Amenaza a la seguridad nacional por deportación de pandilleros de EE.UU. pone en guardia a los tres órganos del Estado

El Estado salvadoreño no tiene un andamio legal que permita poner en la cárcel a los pandilleros de la MS-13 deportados de los Estados Unidos.

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Amenaza a la seguridad nacional por deportación de pandilleros de EE.UU. pone en guardia a los tres órganos del Estado

La comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa recibió hoy, en la villa Dueñas, al vicepresidente de la República, Óscar Ortíz; al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos; al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez y al canciller de la República, Hugo Martínez junto a todo el gabinete de Seguridad.

La presencia de los funcionarios de tan alto rango es muestra del nivel de expectación y urgencia ante la posibilidad de que Estados Unidos inicie, en cualquier momento, la deportación de mareros de la MS-13 con antecedentes penales y/o que sean detenidos por estar ilegalmente en aquel país.

Días atrás, el presidente Donal Trump declaró la guerra a la MS-13 en Estados Unidos y advirtió que acabará con ellos.

La reunión busca la creación o el ajuste necesario de los mecanismos legales que garanticen un mejor control de los pandilleros retornados y tratar de evitar el aumento y la agudización del problema de pandillas en El Salvador.

Los funcionarios coinciden en que la principal preocupación es la influencia que los retornados puedan ejercer tanto en la población civil como en las estructuras que ya están conformadas en El Salvador.

Según el fiscal general, Douglas Meléndez, el riesgo que se corre es que "los retornados conformen nuevas células de las pandillas o introduzcan nuevas formas de operar en las ya existentes".

Por su parte el Canciller y el vicepresidente aclaran que, aunque hay una necesidad de control de los retornados, se debe tomar en cuenta que hasta el momento no se han reportado deportaciones masivas y que incluso el porcentaje de deportados con respecto al año anterior es menor.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, piensa que se debe obligar a los miembros de pandillas a confesar si son o no miembros de pandillas y establecer sanciones penales a quien no lo cumpla.

El FMLN, a través de Misael Mejía, dice que para obtener esa información deberán realizar un ajuste de ley para que "las entrevistas que se realizan a los retornados sean tomadas como declaraciones juradas, que sirvan de prueba en procesos judiciales", explicó.

Otra planteamiento que se presentará a los legisladores es instaurar un control inmediato de los pandilleros retornados que los obligue a reportarse cada cierto tiempo en las delegaciones policiales más cercanas a su lugar de residencia.

Los funcionarios coinciden en que el fin último es lograr que los pandilleros con antecedentes penales que representan un riesgo para la seguridad nacional puedan ser capturados en el país y luego ser incluidos en algún programa de rehabilitación y reinserción.

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