El nivel de la lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador ha oscilado tradicionalmente entre el cero y la nada. Y de pronto tenemos a tres expresidentes de la República, y a una considerable lista de altos cargos públicos, o bien ya sometidos a procesos o bien bajo investigación. Y todos sabemos que esa lista crecerá en los próximos días o semanas.

¿Qué está pasando en nuestro país, a qué se debe este repentino y casi febril ataque de respeto a la legalidad?

Naturalmente, la explicación no se encuentra en la voluntad personal de cuatro o cinco funcionarios que de pronto decidieron convertirse en los guardianes del imperio de la ley, a quienes la novelería del civismo más ramplón les confiriere el título de "magníficos".

La explicación está en el proceso nacional, caracterizado por la debilidad de una institucionalidad que de una larga fase de estancamiento comenzó a involucionar en un franco retroceso hacia la condición de Estado fallido.

Desde 1999, el Departamento de Estado norteamericano viene diciendo en informes públicos que el sistema legal salvadoreño es lento, ineficiente y corrupto. Y a pesar de esa severa advertencia, los liderazgos de las fuerzas vivas de la nación no hicieron bien sus deberes, o más bien no hicieron nada que no fuera el juego estéril de culpar siempre y de todo a los respectivos adversarios, con el resultado que ni unos ni otros asumieron sus responsabilidades. 

¿Y qué tiene que ver el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la crisis de la institucionalidad salvadoreña, cuya columna vertebral es o debería ser nuestro sistema legal? Simple: esta crisis, también agudizada en Guatemala y Honduras, que junto a El Salvador conforman el triángulo norte centroamericano, ha producido una emigración ilegal masiva hacia los Estados Unidos, creándole muchos y serios problemas a aquel país.

En Washington entendieron que, para detener efectivamente esa oleada de migración ilegal, es necesario que en estos países se estabilice la situación social, política y económica, y eso no es posible sin una institucionalidad sólida que le dé realidad al orden constitucional en Estado de Derecho, es decir al imperio de la ley, es decir a la democracia.

Pero como dice el dicho popular, cuando usted no cultiva su propio huerto viene otro y se lo cultiva. Ya situados al borde del Estado fallido en los tres países mencionados, rebasadas las capacidades de sus respectivas institucionalidades, entran al quite los organismos supranacionales para imponer diseños de solución elaborados allá afuera. 

Hay denuncias y hay indicios que afectan a liderazgos de izquierda y de derecha, pero parece haber cierta celeridad y diligencia en unos casos y al mismo tiempo cierta inexplicable displicencia en otros.

El diseño es el mismo para los tres países, pero las condiciones particulares de cada uno exigen algunas variantes en la manera de implementarlo. La intervención supranacional ha sido más directa y abierta en Guatemala y Honduras, mientras que en nuestro país se ha basado más en algunos factores locales encargados de ejecutar el guión preestablecido. 

En el aspecto más básico, la estabilización del Triángulo Norte pasa por una reforma política y por una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. La primera tarea, entre otras cosas, exige una legislación electoral menos laxa en términos de permisividad de irregularidades, democracia interna reglada en los partidos políticos y transparencia total en la financiación de estos mismos. Esta reforma, en teoría, debían impulsarla los mismo partidos, pero como estos se han resistido tenazmente a llevarla a cabo, la tarea la ha terminado haciendo la Sala de lo Constitucional, legislando a punta de sentencias.

La segunda tarea se le encomendó a la Fiscalía General de la República. Y el nuevo fiscal general ha comenzado un poco a troche y moche su cumplimiento. De ahí la inédita cantidad de capturas y procesos contra personajes tradicionalmente intocables. De ahí cierto desparpajo procedimental y mediático que no parece coincidir con la delicadeza de los casos en cuestión, ni con la consistencia que las investigaciones debieran tener.

Es correcto que el fiscal general actúe con firmeza y sin dilación, pero debe hacerlo en el estricto marco de la legalidad. El fiscal general no puede suplicar a “ciertas fuerzas oscuras del país” que no lo presionen, ni debe suplicar al pueblo que lo proteja de esas presuntas presiones. Por el contrario, debe investigar y procesar a quien sea que intente presionarlo, y debe ser él quien proteja y defienda los interés del pueblo, que finalmente esa es su misión constitucional y es por eso que recibe un salario.

Al fiscal general no debe temblarle la mano para proceder contra quien haya infringido la ley, pero proceder no es amenazar con investigar a quienes critican o adversan legalmente sus procedimientos. Si no hay razones para proceder legalmente, que no amenace; si las hay, que simplemente proceda. 

Por último y más importante, el fiscal general no puede ni debe actuar en una sola dirección en relación a las fuerzas políticas, y no basta con que diga y repita en voz alta o con cara de enojado que no lo hará. Hay denuncias y hay indicios que afectan a liderazgos de izquierda y de derecha, pero parece haber cierta celeridad y diligencia en unos casos y al mismo tiempo cierta inexplicable displicencia en otros.

Esto último es de importancia capital porque existe un precedente que no se puede obviar: hay un ex fiscal general bajo proceso penal por omisión de investigación. Y no estoy hablando de “casos de cinco dólares perdidos o de una cachucha robada”, como dijo el actual fiscal general en tono de chanza: Ni el caso Flores-ARENA-Taiwán ni el caso FECEPE, entre otros, son de tres cuartillos.   

Por lo demás, adelante fiscal general, cumpla su deber.