Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 65 votos la ley que va a obligar a estudiar o trabajar a los pandilleros deportados que ingresen al país.

Según lo establecido, dicha ley estará a cargo de la Policía Nacional Civil y la Corte Suprema de Justicia, quienes ejecutarán las medidas para dar seguimiento a pandilleros.

Según se explicó, a su llegada, elementos de la PNC van a interceptar a los delincuentes para presentarlos ante un tribunal de paz en el que se impondrán las medidas a seguir.

El juez de paz decidirá si el procesado tendrá que estudiar o trabajar. Además, asignará la sede policial a la que este acudirá a firmar cada mes.

La vigencia de estas medidas podrá tener vigencia durante un máximo de dos años e incluye a personas que no sean pandilleras, pero que tengan relación a estas estructuras criminales.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, lamentó la negativa del resto de fracciones para que se proceda con la detención de deportados con antecedentes criminales.

“Es una lástima que no se nos escuchara la petición para enviar a cárcel a los pandilleros”, remarcó Gallegos.

En tanto el presidente de la comisión de Seguridad, Antonio Almendáriz, remarcó que dicha ley es para personas con antecedentes criminales y que son un peligro para la sociedad.

“En la comisión, pedimos la colaboración de otras instituciones como Fiscalía, Corte Suprema y Ministerio de Justicia”, señaló el pecenista.

¿Cómo funcionará la ley?

La Dirección de Migración tendrá un banco de datos de los deportados de todos los países del mundo, los cuales se verificarán mediante una entrevista que de mentir derivaría en un proceso judicial por falsificación de documentos.

Posteriormente, el pandillero quedará bajo custodia de la Policía para que en un lapso no mayor a tres días lo lleve a un tribunal de paz para que se determinen las medidas a imponer.

El criterio del juez partirá de la peligrosidad del delincuente y este le permitirá definir si lo obliga a estudiar, trabajar o a realizar trabajo comunitario.

El tiempo por el cual estará sometido a estas disposiciones tiene como máximo dos años para luego someter a evaluación la forma de comportarse del imputado.