Aseguradora Pacifico S.A. de C.V. pidió $1,000,000 para prorrogar el contrato del seguro médico de diputados y empleados legislativos, pero la directiva no accedió, y a pesar de negociaciones de última hora no llegaron a un acuerdo por lo que en enero de 2017 abrirán una nueva licitación con tal que personal legislativo siga manteniendo este beneficio.

La junta directiva de la Asamblea Legislativa acordó el martes pasado pedir una prórroga del contrato del seguro social con la empresa, bajo los mismos términos; es decir, con el mismo monto de $6.5 millones y que cubriera todos los servicios que ya se tenían. Sin embargo, la aseguradora no accedió argumentando que “no es rentable”, debido al abuso que se ha hecho del servicio.

Por esa razón, diputados, asesores, empleados legislativos y sus familiares iniciarán el año nuevo sin seguro médico privado, es decir, que deberán atender sus enfermedades en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como si tratara de cualquier trabajador salvadoreño, o podrían tratarse en clínicas privadas donde deberán pagar los servicios.

Esta medida iniciará automáticamente el 1 de enero y se mantendrá hasta que la Asamblea Legislativa logre hacer una nueva licitación para contratar una nueva empresa que les brinde el servicio de seguro médico, pagado con el dinero que todos los salvadoreños aportan a través de sus impuestos.

La noticia llegó por sorpresa a los miembros de la junta directiva, pues el martes pasado habían anunciado un acuerdo de prorrogar el servicio existente manteniendo los mismos servicios y con el mismo monto de $6.5 millones que se pagó este año.

Sin embargo, en una sesión de emergencia de la junta directiva este viernes –último día de trabajo administrativo en el recinto legislativo- la empresa Seguros del Pacífico S.A. de C.V. rechazó la propuesta de los legisladores de dar una prórroga por el mismo precio.

La empresa pidió a los diputados $1 millón más para brindar el servicio a los 5,439 beneficiarios, entre diputados, empleados y familiares con los mismos beneficios que habían gozado. Sin embargo, este monto fue considerado excesivo.

Al finalizar la sesión de los directivos, el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, hizo un último intento de convencer a la empresa y se reunió con su gerente. No obstante, no hubo negociación.

Gallegos confirmó a El Salvador TIMES que en enero presentarán una nueva licitación. Por su parte, el tercer vicepresidente de la Asamblea, Francisco Merino, aseguró esto puede tomar de uno a dos meses, en un caso extremo. Por lo que durante ese tiempo, los legisladores quedarán sin cobertura del seguro privado.

“Aquí hay gente que está en tratamiento que tiene padecimientos de leves a graves, pero lamentablemente no ha habido otra forma de superarlo. Recordemos que todos tenemos Seguro Social. Lógicamente en una emergencia tendrá que cubrirse por esa vía o pagar médico privado y esa es la otra opción”, dijo Merino.

Sobre esto, la segunda vicepresidenta, Lorena Peña, dijo que por ahora no tiene conocimiento de que hay enfermos graves que corran peligro de muerte. “El año pasado teníamos varios, pero ahora creo que no”, dijo la expresidenta del Órgano Legislativo.

Los directivos, previendo que no se lograra un acuerdo con la aseguradora tomaron la decisión que en caso de fallecimiento la institución asumiría el costo de la cobertura, mientras no haya pólizas.

Sobre la nueva licitación

La empresa no quiso continuar con el contrato con la Asamblea debido a que no le parecía rentable debido a la excesiva siniestralidad (cantidad de atenciones) que se han dado este año y al abuso que ha existido por parte del personal. Por esa razón, los $6.5 millones que le ofrecían no fueron atractivos para la aseguradora.

Para la nueva junta directiva, será un reto elaborar una nueva licitación para una empresa que cumpla con las exigencias de la Asamblea por un monto menor.

Merino explicó que existen dos formas de hacerlo, una es con una licitación bajo la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que se puede tardar alrededor de seis semanas y la otra es a través del mercado bursátil que se hace a través de subasta pública y que puede tardarse un mínimo de cuatro semanas.

El segundo vicepresidente de la Asamblea, Donato Vaquerano, informó a este periódico que han pensado en hacerla a través del mercado bursátil, debido a la rapidez y a que se puede tener mayor competitividad.

Merino explicó que al regresar de las vacaciones navideñas, la comisión de la junta que está tocando el tema del seguro médico deberá correr con los tiempos para elaborar los términos de referencia de la oferta.

Para él, este es el punto más polémico porque habrá que revisar qué servicios pueden suprimirse que están haciendo más oneroso el seguro, mientras que otros alegarán quitar a los familiares y otros buscarán mantener los beneficios actuales.

“Lo que buscamos es eficientar todos los gastos de la Asamblea Legislativa y el seguro está incluido en eso. Entonces nosotros tenemos que ser más eficientes en los gastos, o sea gastar lo que realmente se puede y ser eficientes”, señaló.  

Sin embargo, por el momento mientras no se logre un acuerdo, tanto los empleados legislativos, asesores, colaboradores, diputados y sus familiares deberán atenderse como cualquier mortal que cotiza bajo el régimen del Seguro Social o pagar de su bolsa un médico privado.