Los diputados de la Asamblea Legislativa retaron al presidente Salvador Sánchez Cerén y lograron superar el veto que le había impuesto al decreto que buscaba la independencia de la a Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los legisladores de ARENA, GANA, PCN, PDC y los dos independientes se pusieron de acuerdo, tras conocerse la semana pasada que El Salvador fue suspendido de la entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países: el grupo Egmont, una entidad con sede en Canadá. Impidiéndole compartir información sobre casos de corrupción a escala internacional. 

Fue de esta manera que los diputados lograron los 56 votos necesarios para superar el veto que le impuso Sánchez Cerén a mediados de agosto, luego que los diputados —sin votos del FMLN— aprobaran una serie de reformas a la Ley Orgánica de la FGR en las que se dotaba de autonomía a la UIF. 

Tanto el presidente como los diputados del FMLN habían alegado que esto representaba una duplicidad de labores, por lo que Sánchez Cerén lo vetó alegando que había inconstitucionalidad. 

No obstante, el Ejecutivo aún tiene un camino para lograr imponerse y superar la decisión de los diputados, pero esto pasa por tocar las puertas de una Sala de lo Constitucional que aún se encuentra acéfala. 

El proceso que tendría que hacer Sánchez Cerén es acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y presentar un recurso ante la Sala. Sin embargo, esta llegará a sumarse a las decenas de demandas de inconstitucionalidad que se han interpuesto desde que los magistrados dejaron su cargo el pasado 15 de julio. 

Una UIF en medio de la polémica

La modificación de la ley fiscal contempla independizar a la UIF de la misma FGR, con el fin de que tengan libertad para poder ejecutar investigaciones relacionadas a casos de corrupción y delitos de lavado de dinero y de activos.

En un primer momento y antes de esta votación de los diputados, esta unidad estaba organizada y dirigida por el fiscal general y laboraba bajo una dependencia funcional del representante del ministerio público.

Sin embargo, el grupo Egmont había dado como plazo máximo a la UIF-FGR hasta el 24 de septiembre para que pudiera hacer efectivas las reformas solicitadas. De hecho, hasta el mismo Meléndez trató de convencer en varias ocasiones para que no solo aprobaran la reforma, sino que incluso superaran el veto. 

La semana pasada el grupo Egmont informó de la sanción que le impuso a la El Salvador: lo apartaron del organismo internacional porque consideraron que no había un compromiso con los principios de independencia operacional y autonomía de las unidades encargadas de verificar las operaciones financieras a nivel mundial.

En ese momento, la FGR reprochó la decisión del mandatario salvadoreño y, a la vez, reconoció el esfuerzo que Egmont había hecho por no apartar al país del grupo.

“La resolución de Egmont reconoce esfuerzo de la UIF para evitar suspensión, pero establece que la opinión de la Presidencia fue determinante para tomar la decisión, ya que debería ser desde el Ejecutivo que debería liderarse la prevención del lavado de dinero y activos en el país”, anotó la institución fiscal.

Después de la superación del veto presidencial se esperaría que en septiembre de 2019, fecha en que se celebrará la próxima plenaria de Egmont —a realizarse en los Países Bajos— El Salvador volvería a ser readmitido en el grupo.

Con este proceso, el país volvería a tener acceso a la información de inteligencia financiera de 159 países y con ellos volvería a agilizar las investigaciones de casos de corrupción y lavado de dinero.

La petición de los diputados a favor

El diputado independiente, Leonardo Bonilla, que estuvo favor de la modificación de ley de la FGR, llamó a sus compañeros minutos antes de la votación, debido a que consideró que “con las reformas la Fiscalía no perderá autonomía, es para temas de investigación y no para persecución del delito. De no superar el veto, El Salvador será reconocido como paraíso fiscal y no traerá beneficios”.

Como él, Rodrigo Ávila, de ARENA, explicó que pertenecer al Egmont es de “suma importancia”, pues con esa sociedad se puede contar con instrumentos internacionales que aglutinan instancias para combatir lavado de dinero y corrupción.

Además, Ávila indicó que esta reforma no viola la Constitución de la República, por lo que difiere con lo que Cerén opinó para vetar el documento que recibió el 31 de julio de 2018.

FMLN en contra

Los diputados del partido del FMLN tampoco han estado de acuerdo —ni hasta el día de hoy— con que se genere la independencia de la UIF, pues respaldan lo que el mandatario salvadoreño piensa: que la FGR es quien debe de generar las investigaciones de los casos de corrupción y no otra dependencia paralela a ella.

El diputado por Sonsonate, Javier Valdez, dijo que "se deben revisar los estatutos de Egmot, no podemos quitarle potestad al fiscal general. Estamos en contra y trabajamos por evitar cualquier delito de corrupción en el país".

Como él sus compañeros de fracción se abstuvieron de apoyar la moción para ir en contra del presidente Sánchez Cerén.