El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es un tema que no han trabajado con celeridad los parlamentarios. La discusión de los perfiles no ha sido tema de agenda en la Asamblea Legislativa, pues los diputados han estado ocupados discutiendo el reinstalo de sus suplentes o la derogatoria de la Ley de Amnistía.

El próximo 8 de agosto vence el plazo para el actual funcionario pero al no tener aún definido a quien lo sustituirá, la institución quedará acéfala.

La PDDH es un ente que realiza pronunciamientos y amonestaciones morales contra violaciones a los derechos humanos, pero sus sentencias son desestimadas por la clase política y jurídica, y no tienen poder de coerción. Bajo esta visión, es que la elección del procurador no suele ser prioridad para las fracciones legislativas.

Diferente a ello es la elección de ternas al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que es la encargada de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que conforman las diferentes salas, entre ellas, la de lo Constitucional. Además de esto, se encuentra la escogitación del fiscal general, un cabildeo minucioso ya que esta institución tiene a su cargo la investigación del delito.

Lo mismo sucede con la Corte de Cuentas de la República (CCR), donde el presidente y sus magistrados son los responsables de ventilar las auditorías a instituciones de gobierno y a funcionarios públicos. Estas elecciones han tenido un fuerte atraso por las negociaciones bilaterales o multilaterales que se discuten “bajo la mesa” y por fracciones.

El período del actual procurador vence al regresar de vacaciones agostinas. A esto se le suma que no tiene la total atención de los legisladores al no sentar una postura de apoyo. Primero se tiene que esperar a que algunos de los aspirantes presenten el finiquito del Ministerio de Hacienda (cancelación de deuda con el fisco) y luego empezar las deliberaciones y razonamiento de su elección, para posteriormente, iniciar las bilaterales y decidir un apoyo para el funcionario entrante.

Las esperanzas del nuevo defensor del pueblo radican en 11 candidatos, entre ellos el actual procurador que ha sido criticado por ARENA y el partido GANA, quienes se resisten a darle el voto por situaciones diversas. Una de estas es la acusación de su supuesta cercanía con el FMLN y también su defensa hacia miembros delincuenciales. Morales se ha quedado solo con el apoyo del FMLN y del PDC.

Entre los aspirantes se encuentran abogados, empleados de la institución que trabajan como auxiliares del procurador y delegados en diferentes partes del país, pero también un especialista en ciencias políticas. Estos concuerdan en proponer mayor profesionalización del personal de la institución, así como la creación de un buró de abogados que preparen amparos ante salas, y también velar porque la institución cuente con mayores recursos para su funcionamiento.

Estos son los candidatos y sus propuestas

José Antonio Pérez Castillo, propone la reingeniería de todo el personal e incentivos para el mismo. Se ha desempeñado en asesoría jurídica y educativa en derechos humanos, así como en la gerencia administrativa de la institución. Además ha sido capacitador jurídico en la Escuela de Derechos Humanos de la misma. Fungió como docente del departamento Humanístico de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Por su lado, Raquel Caballero de Guevara, propone la creación de un sistema de tutela para la tramitación de expedientes, así como la dignificación de personal. Cuenta con una larga trayectoria en derechos humanos, como defensora y ex procuradora adjunta para la Defensa de Derechos Humanos y Derechos de la Mujer y la Familia.

Carlos Alberto Martell, asiente que es necesaria la capacitación en derechos humanos del personal. Se ha desarrollado en el departamento de resoluciones y seguimiento de la PDDH, así como en el departamento de Investigaciones de la misma.

Omar Galdámez, cree oportuna la creación de un buró de abogados que elabore demandas de amparo y habeas corpus  para quien necesite presentar ante la sala amparos y garantizar  los derechos constitucionales. Se ha desempeñado como resolutor del derecho, entre otros cargos.

Otro de los aspirantes es Jesús Gonzalo Conteras Fuentes, quien se ha desempeñado como gerente administrativo de la PDDH; ha sido capacitador jurídico en la Escuela de Derechos Humanos.

Salvador Menéndez González, por varios años se ha desempeñado como docente universitario y de instituciones de educación media. Este propone el instalo de la formación en derechos humanos a los empleados de la institución y a procuradores departamentales.

Sonia Maritza Sales, destaca que se debe de dotar de recursos en para poder trabajar en mejores condiciones en la institución. Es una abogada que ha sido aspirante, en tres ocasiones al  Consejo Nacional de la Judicatura,  CSJ y fiscal General de la República.

Marlon Harold Cornejo Ávalos propone el desarrollo y educación en Derechos Humanos. Cuenta con  cursos de especialización en derecho constitucional. Fungió como secretario de actuaciones del juzgado de paz de Candelaria, en el departamento de Cuscatlán.

Juan Manuel Zaldaña, señala que se debe trabajar de forma preventiva en materia de derechos humanos. No es la primera vez que se postula al cargo. Su perfil también ha sido propuesto para fiscal general con el apoyo docente y académico de la Universidad de El Salvador donde es docente.

David Morales es el actual procurador de derechos humanos; propone la defensa del mandato de vigilancia, promoción de los derechos humanos, un mandato constitucional para este cargo. Pide además, mayor coordinación con las entidades del Estado. Ha trabajado por más de 20 años en la institución y en cancillería en el área de derechos humanos.