• Diario Digital | sábado, 13 de agosto de 2022
  • Actualizado 11:40

Política - Según Lorena Peña

Empresa telefónica fue quien solicitó a Fiscalía abrir investigación a empresas de magistrado Belarmino Jaime

Los representantes de la empresa telefónica Digicel fueron quienes solicitaron se investigara a las empresas del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al detectar movimientos raros.

Belarmino
Empresa telefónica fue quien solicitó a Fiscalía abrir investigación a empresas de magistrado Belarmino Jaime

Representantes de la empresa Digicel fueron quienes alertaron a Fiscalía General de la República (FGR), sobre una posible evasión de impuestos por empresas de la familia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime.

Según la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, el hecho que la investigación no se realizara de oficio es un mal mensaje que el ministerio público ha dado a la población, y dice estar a la espera de un pronunciamiento del fiscal general, Douglas Meléndez, respecto al caso.

"Hay suficiente documentación para hacer una investigación a fondo contra Belarmino Jaime", aseguró la funcionaria quien además señaló que dicha empresa es financista de Arena, "confirmo mi sospecha que (magistrados de CSJ) están alineados con ARENA".

Peña también desestimó las declaraciones realizadas por Jaime respecto a dicha investigación en las que aseguró se sentía acosado al darse a conocer la situación legal que enfrenta junto a familiares.

Según reportes del Ministerio de Hacienda una empresa de telefonía de Jaime habría evadido el pago de más de $3 millones provenientes de la retención de $0.04 por minuto de llamadas internacionales entrantes, un cargo que se aplicó durante un tiempo en el año 2014 pero que después fue declarado inconstitucional.

Peña aprovechó el tema para hacer un llamado al jefe del ministerio público para que ordene acelerar los procesos en cobro de impuestos a los morosos.

“Él  (fiscal general) que tanto habla que necesita fondos para la Fiscalía y ese dinero está en lo que han evadido los grandes empresarios”, aseguró la diputada.

De igual manera recordó que gracias al trabajo de la Sala de lo Constitucional –de la que forma parte Jaime- el país "este año ha dejado de percibir $1,102 millones por declaratorias de inconstitucionalidades de la Corte Suprema".

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