El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una lista de 17 funcionarios de varios países del mundo a los que se les ha prohibido la entrada a territorio norteamericano por violaciones a derechos humanos, entre los que está el diputado salvadoreño Antonio Almendáriz, que fue electo bajo la bandera del PCN.

El legislador, coronel en retiro de las Fuerzas Armadas, ha sido uno de los jefes militares que participaron en el conflicto armado de la década de los 80 y que fue señalado por la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de violaciones a derechos humanos.

El Departamento de Estado, en un comunicado difundido por el portavoz del organismo, Cale Brown, señala a Almendáriz de haber conocido de la ejecución extrajudicial de Begoña García de Arandigoyen, una médica española que fue asesinada el 10 de septiembre de 1990.

“El Departamento de Estado designa a José Antonio Almendáriz Rivas por su participación en una flagrante violación de los derechos humanos, a saber, la ejecución extrajudicial de la doctora Begoña García de Arandigoyen, de nacionalidad española, el 10 de septiembre de 1990 en El Salvador”, se lee en la misiva.

Por lo anterior es que se le ha prohibido la entrada a Estados Unidos, medida que abarca a los miembros de su familia inmediata.

“Estados Unidos condena todos los abusos de los derechos humanos perpetrados por ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por actores gubernamentales y no gubernamentales”.

“Yo no tenía el mando de las tropas”

El diputado reaccionó a la decisión de las autoridades estadounidenses y dijo que él ya no podía ingresar a Estados Unidos desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó la ley de amnistía en el 2016.

“Yo no tenía el mando de las tropas y lo único que se me ordenó fue ir en un helicóptero a constatar la injerencia de personas de la ETA aquí en El Salvador”, dijo a mañana del jueves en la Asamblea.

Consideró que él fue acusado injustamente del crimen y añade que Estados Unidos ha tomado como cierto lo que indicó la Comisión de la Verdad.

“No tengo nada en contra de ellos porque si ese documento, aunque judicialmente no tuvo validez, pero si nos afectó. Espero que la justicia salvadoreña, con el debido proceso, nos permita aclarar nuestros nombres”.

El resto del comunicado de los Estados Unidos puede ser consultado aquí.