El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, explicó la situación en la que se encuentra el también magistrado Belarmino Jaime por los señalamientos realizados desde diferentes sectores que lo acusan de ser un evasor de impuestos.

Blanco señala a los medios de comunicación como los principales responsables de esta situación ya que la mayoría no se han informado debidamente sobre la investigación en la que se ha incluido a la empresa GCA Telecom, de la cual Jaime y su familia son propietarios.

De manera extraoficial Jaime ha notificado a Corte Plena de la CSJ que la empresa con sede en Panamá IP Holding buscó a empresas telefónicas en el país para poder proporcionar un servicio de llamadas desde el extranjero.

Fue así como GCA Telecom y otras empresas de este rubro firmaron contratos con IP Holding, involucrada en el caso "Panama Papers", ya que dicha empresa extranjera contaba con la autorización de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Blanco agregó que la valoración de Jaime fue que con "la Ley de Telecomunicaciones las empresas obligadas a pagar el impuesto era la que traía la llamada del extranjero y no la que operaba en el país", por lo que no se canceló cerca de $3 millones en impuestos por este servicio. 

Durante su programa en radio Mi Gente, Blanco valoró que "son temas que deberán explicar los técnicos de la empresa y el propio Belarmino Jaime" y remarcó que "el ministro de Hacienda dijo que el magistrado Jaime está desvinculado de dicha investigación".

El magistrado también recordó que los $0.04 centavos "eran un cobro que se declaró inconstitucional, ya que era un impuesto que no medía capacidad económica y que era pagada por nuestros hermanos lejanos".

La justificación de esta declaración de inconstitucionalidad sugiere que "el tiempo en llamadas no es algo con lo que se pueda medir una capacidad económica", acotó el magistrado, quien también criticó la postura de la Asamblea Legislativa de no corregir los vicios señalados por la Sala para la elaboración de impuestos.

"La Sala no ha prohibido fijar impuestos. Pero la Asamblea prefiere atacarla y no realizar las correcciones que se han señalado", puntualizó Jaime.