Analistas de FUSADES afirman que los diputados de la Asamblea Legislativa han violado el Estado de Derecho al retrasar las elecciones de funcionarios de segundo grado de manera sistemática, como parte de una estrategia para lograr que sean electos aquéllos de su preferencia y con ello tener el control de otras instituciones.

“En el año 2015 y 2016 el rasgo característico de todas las elecciones es que presentaron un retraso por parte de la Asamblea Legislativa y eso nos parece preocupante porque constituye una violación al Estado de Eerecho”, manifestó Javier Castro, director de dicha entidad.

Actualmente se encuentran acéfalas la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Este último lleva 11 meses sin asesores.

Para FUSADES el retraso de los miembros del CNJ es una estrategia que los diputados buscan para repartir una cuota partidista debido a que los consejeros que resulten electos serán quienes propondrán a los próximos magistrados de la CSJ.

Los analistas hicieron ver que el trasfondo de dicho proceso es preocupante, ya que el mismo está relacionado con la elección de los magistrados de la CSJ para el 2018, además de estar cerca de la fecha de plazo de la elección que es el próximo 22 de agosto.

“La preocupación que tenemos es que las elecciones se quieran hacer con criterios políticos,  de repartos de instituciones o elegir a funcionarios sobre la base de la afinidad política y no sobre la base de la idoneidad, como debe de ser”, expuso Castro durante un informe de coyuntura dado a conocer este martes.

Por su parte, la CCR que tiene como rol principal el del control del patrimonio del Estado, trabaja sin presidente desde el pasado 21 de julio, algo que  FUSADES califica como “muy grave” tomando en consideración que “si no hay un buen control de los fondos públicos se abren las puertas a la corrupción y la corrupción debilita el Estado de Derecho y la democracia”, explicaron.

Pese a que la Fundación calificó de “sumamente discrecional” e “ineficaz” el desempeño de  Jovel Humberto Valiente, el anterior presidente de la CCR, acepta que es urgente la elección de alguien más para ese puesto porque en la medida que no haya un control de los fondos del Estado se abren las puertas para que pueda haber un uso inadecuado de los mismos.

Por otro lado, el rol del procurador de Derechos Humanos es el de garantizar los derechos constitucionales de todos los salvadoreños y de no tener a un funcionario que tome el cargo se corre el riesgo de que se comentan abusos contra los ciudadanos.

La postura de la fundación fue presentada hoy en el informe coyuntural legal de inconstitucional correspondiente al primer trimestre del 2016.

En dicho reporte se destacó, además, la importancia de contar con un marco legal adecuado así como la voluntad de aplicar las leyes vigentes a las que hace referencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la cual tiene cinco años de haber sido aprobada.

En este tema, FUSADES señala procesos arbitrarios que se han dado tras evidenciar la reserva de información sobre algunas consultas como los gastos de los presidentes en sus viajes, así como el caso de revelar quién era la persona que manejaba un vehículo oficial que atropelló a un ciudadano el pasado 30 de abril.

Por otra parte los especialistas señalaron al Tribunal de Ética Gubernamental como "ineficiente", luego de diez años de funcionamiento.

"El sistema de transparencia debe estar coordinado y contribuir a un cambio de cultura", puntualizaron.