Este lunes el Gobierno se juega la última carta para que El Salvador no caiga en impago por primera vez: el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres se presentará en la Asamblea Legislativa para conseguir los votos para nueva deuda que salve al país de caer en la quiebra. Pero la tarea no será fácil ante una oposición cerrada a autorizar más endeudamiento sin un acuerdo fiscal.

El Gobierno debe pagar el próximo 9 de octubre $71.5 millones de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que le debe al ahorro de los cotizantes de las AFP, pero no cuenta con recursos propios para hacerlo.

Tras solicitar a la Asamblea Legislativa colocar bonos por la misma cantidad, el ministro de Hacienda comenzará hoy un arduo cabildeo para conseguir a contrarreloj los 56 votos necesarios, a pesar que ARENA ha dicho con firmeza que de su parte no habrá ni un voto más para nuevo endeudamiento, hasta que desde el aparato público se establezca un compromiso y una propuesta concreta para ordenar y transparentar las finanzas públicas a través de un pacto fiscal.

Esta es la primera vez en que el Gobierno se enfrenta tan de cerca a no pagar una deuda, lo que se conoce como impago.

Si el país cae en impago las consecuencias serán graves para la población debido a que el país tendrá una mala imagen ante el resto de acreedores,  quienes ya no tendrán confianza de su capacidad de pago. Y si el Gobierno ya no consigue más crédito podría no contar con dinero para pagar salarios o las medicinas de los hospitales, por ejemplo.

Cada año el Gobierno debe hacer al menos cuatro pagos programados a las AFP de los CIP que les ha comprado en el pasado. En octubre deberán hacer el último pago del año, sin embargo, ya no hay fondos en la caja del Estado para hacerlo.

Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, culpa de este problema a la decisión que tomaron los mismos diputados de aumentar la tasa de interés que se paga por los CIP de 1.5% a un 3.5% a principio del año.

“La Asamblea debe llegar a un acuerdo. La Asamblea fue la que subió la tasa de interés producto de un mandato de las Sala de lo Constitucional. Ya saben que la tasa de interés, que era la LIBOR, la Sala la declaró inconstitucional y cambió la tasa de 1.5% a 3.5% y eso significa $70 millones. No estaba en el presupuesto y no está el financiamiento”, señaló.

Con esta visión de urgencia, hoy Cáceres buscará convencer a los diputados para que le aprueben una emisión de bonos; es decir, deuda de largo plazo para conseguir los $71.5 millones antes de la fecha.

Cáceres en el pasado también ha dicho que es urgente y necesario contar con la aprobación de $1,200 millones para el Estado logre cumplir con otras deudas sin afectar su funcionamiento y por ende sin afectar a la población. De hecho, en la misma petición de emisión, se pide que esos $71.5 millones sean descantados de los $1,200.

Lorenzana señala que aunque pudieran lograr el dinero emitiendo más Letes (deuda de largo plazo) eso no asegura que Hacienda tenga todo los recursos necesarios para cerrar el año.

Gobierno pone solución en manos de ARENA

ARENA lleva meses con una lucha por aprobar un reordenamiento de las finanzas con un pacto fiscal antes de continuar aprobando préstamos. En los últimos meses, la insistente petición del gobierno de pedir los $1,200 millones en bonos ha agravado más la situación y ha dejado en evidencia que sin deuda el Gobierno no logra cubrir sus necesidades, porque hay más gastos que ingresos. 

Justamente, que el Gobierno gaste arriba de sus ingresos, sin eficiencia y transparencia es lo que ha llevado a que ARENA se mantente en un “no” ante más deuda, aunque el país pueda caer en impago.

“Si no se ordenan las finanzas publicas se va a caer en un impago y va a ser culpa del Gobierno que sigue todavía pensando que esta fiesta sigue para ellos y no puede ser posible que nos sigan presentando préstamos, que sigan solicitando $ 1200 millones y que no hagan nada para ordenar las finanzas”, sentenció Milena Calderón de Escalón, diputada de ARENA y secretaria de la comisión de Hacienda de la Asamblea.

Para la diputada el hecho que el Gobierno esté presentando pequeños montos desprendidos de los $1,200 como es el caso del pago de los CIP solo demuestra el desorden financiero que tiene el Ejecutivo. Y aunque ve con preocupación el estado de las finanzas confía en que deben dar un giro de timón pronto para no convertirse en una nueva Grecia, que terminó cayendo en quiebra.

Su compañera de fracción y también miembro de la comisión, Ana Vilma de Escobar secunda a Calderón y considera una necesidad urgente ordenar de las finanzas. De hecho, asegura que esos $1,200 en realidad no va a solucionar la grave crisis de liquidez que tiene el gobierno, puesto que ya lo deben en su totalidad.

“El país va a quebrar. Si bien técnicamente no quiebra, los recursos se terminan y estos quieren seguir gastando como si fuera barril sin fondo”, criticó la diputada.

Calderón a su vez recuerda que en este momento hay una mesa con el Gobierno en la que se está trabajando en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero más allá de eso subraya se necesita un verdadero pacto. Y asegura este tipo de peticiones de bonos solo agravan el problema y demuestran la poca voluntad del gobierno de ordenar las finanzas.

Cáceres tendrá una misión titánica de sortear estas exigencias y a su vez conseguir los fondos para sacar a flote el país, al menos por este año. Porque para  2017, Lorenzana ya ha anunciado que el país deberá pagar $1,200 millones en concepto de deuda externa y $700 millones de deuda previsional, $1,900 millones en total.