El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya estimó que las “plazas fantasma” que se han denunciado al interior de la Asamblea Legislativa han costado unos $75 millones solo en la legislatura 2018-2021.

“Plaza fantasma” es como se ha denominado a las personas inscritas en las diferentes planillas de la institución, pero que no llegan a trabajar e, incluso, no tienen área de trabajo asignada.

La denuncia hecha por sindicalista de la institución trascendió y ha logrado que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación y que ya se haya incautado de documentación.

“Desde el inicio de la legislatura hemos transferido alrededor de $150 millones en el pago de salarios para la Asamblea, que de ser ciertas las denuncias realizadas por el sindicato y una vez se haya terminado la investigación de la Fiscalía podrían ascender hasta $75 millones que han sido desfalcados de las arcas estatales”, dijo el ministro.

A su juicio, los responsables de un posible delito, en caso que la Fiscalía lo determine, es la actual Junta Directiva.

Zelaya dijo que envió una nota al presidente de la Asamblea, Mario Ponce, preguntando si todas las personas por las que estaban pidiendo la transferencia de $3.3 millones, el monto total del salario mes a mes, devengaban.

“Le pedí que confirmara si todos los empleados han venido a trabajar y han devengado sus salarios porque no quiero incurrir en el delito de peculado culposo; es decir, cuando uno tiene el conocimiento de una situación que puede ser constitutiva de delito uno tiene la obligación como funcionario y también como ciudadano uno de denunciarlo y dos de no ser cómplice”.

La respuesta del presidente legislativo fue, indicó, que todas las personas por las que han solicitado los $3.3 millones llegan a trabajar.

“Él confirma que cerca de las 2,400 plazas han devengado salario en el mes de marzo y que son obligaciones líquidas y exigibles y que por tanto la Junta Directiva se hace responsable de cualquier situación anómala que pueda estar sucediendo… serán ellos los encargados de reparar el patrimonio público que pueda verse afectado”.