La discusión ha comenzado a sonar con mayor fuerza dentro de la Asamblea Legislativa, ya que las inconformidades de varias fracciones han florecido mucho más luego de leer y reposar las sentencias que dictó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mientras algunos sostienen que los magistrados podrían haber cometido prevaricato, otros prefieren limitarse a decir que acatarán la sentencia.

El prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

La presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, es una de las que ha ventilado sus sospechas ante el accionar de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. “Hay ciertos indicios de prevaricato en la actitud de la Sala”, dijo, al tiempo que dejó entrever que debe investigarse y analizarse muy bien las sentencias para determinar si ha habido excesos.

A criterio de Peña, en el caso de la sentencia de los $900 millones, la Sala se excede al inhabilitar a los diputados suplentes. Es más, a su criterio esa decisión está en contra de la Constitución misma.

“Jugar a desconocer procesos electorales es algo gravísimo. El FMLN no está dispuesto a colaborar a que se desconozcan elecciones. Si una Sala de lo Constitucional puede violar la Constitución y desconocer una elección que ellos mismos verificaron en todo sentido y que se cumplió al pie de la letra sus sentencias”, cuestionó la legisladora.

Del mismo pensar es el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, quien aseguró se deben analizar muy bien las sentencias y determinar si no hay excesos.

“La misma Constitución y las leyes secundarias dicen que uno no tiene más atribuciones que las que les da la ley y si no se convierte en prevaricato”, expuso el coronel retirado.

Para Peña, los diputados suplentes fueron avalados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las pasadas elecciones, ya que en el acto donde se dan las credenciales a los diputados propietarios se dictan los 84 nombres y también de los suplentes electos para la próxima legislatura. En este sentido, la Sala al inhabilitarlos estaría desconociendo al TSE y a la Constitución, argumenta.  

No obstante, para diputados como Guillermo Gallegos, de GANA, discutir este tipo de temas en este momento es innecesario. “Sobre eso personalmente yo no voy a hablar, yo creo que debe preocuparnos la situación de los suplentes y la ley de Amnistía. Con esos temas no podemos entrar en un  conflicto cuando tenemos esta situación que es bastante apremiante para el país”, manifestó.

De igual forma opinó la subjefa de fracción de ARENA, Milena Calderón, quien descartó que se sumen a la voz de Peña. “Eso ya es una opinión muy personal de ella, creo que ellos tienen una cierta alergia con la Sala de lo Constitucional. Será ella la responsable de sus palabras”, aseguró.

Agregó que como ARENA su postura es acatar la sentencia de la Sala, tal y como lo dicta la Constitución. Sin embargo, sí estarían de acuerdo en pedir una explicación a los magistrados, sobre todo mostrando estos puntos en que se podría invalidar las credenciales que otorgó el TSE.

A su criterio deben agotarse los mecanismos legales como el recurso de la aclaración para que los magistrados puedan valorar incluso que no se inhabilite a los diputados suplentes en esta legislatura.

Aunque aún no hay una decisión en firme, el FMLN ha señalado que la Sala podría haber legislado en contra de la Constitución, lo que supondría prevaricato. No obstante, los interesados tendrían que levantar una demanda y se iniciaría una investigación que determine si se ha cometido ese delito o no.