El jefe de la fracción de ARENA, Alberto Romero, presentó esta mañana una nota ante la junta directiva de la Asamblea Legislativa en la que se pedía investigar la idoneidad y la capacidad de los técnicos del legislativo, tras darse a conocer el caso de la técnico Jennifer Alejandra Paredes Valenzuela, por no contar con el permiso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para ejercer la abogacía.

Sin embargo, la junta directiva, sin los votos de ARENA, acordó no recibir esta nota. “Elaboraron un acuerdo para decir que no aceptaba esa carta, cuando lo que pide el jefe de fracción es que se verifique las competencias necesarias de los técnicos”, explicó el directivo tricolor, David Reyes.

El legislador lamentó este tipo de situaciones, ya que por ejemplo en el caso de esta técnico que entró a trabajar en 2015 a la Asamblea fue contratada por la presidenta Lorena Peña. “Lo que nos preocupa es que se estén aprobando leyes con la asesoría de personas que no tienen ningún aval legal”, explicó.

Agregó que es por esa razón que se estaba pidiendo que se investigara a todos los técnicos legislativos y se conocieran sus atestados que comprobaran su idoneidad y su capacidad legal para tener ese cargo.

El caso de la técnico Paredes trascendió luego de que ella elaborara un informe en la comisión de legislación y puntos constitucionales sobre la petición de desafuero que hizo el fiscal general, Douglas Meléndez, ante el legislativo. Paredes en el documento concluyó que no procedía el desafuero, pese a todas las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Este hecho llamó la atención de la oposición y se descubrió que Paredes no tenía el aval para ejercer la abogacía.

Esta misma mañana el diputado de la comisión legislativa, Ricardo Velázquez Parker, presentó un aviso ante a la Fiscalía para que investigue lo ocurrido en este caso.