Este miércoles las autoridades de seguridad iniciaron un despliegue de fuerzas especiales en 16 municipios del país, pero el punto de partida fue uno de los municipios con una situación complicada de seguridad: Apopa. Esta ciudad altamente poblada era el nido de una estructura criminal que invadió al gobierno municipal y minó gran  parte de la comuna, hasta tocar al mismo alcalde. En medio de ese tropel y de amenazas a los funcionarios de la alcaldía, fue asesinado un concejal del FMLN en una situación poco clara.

Para el diputado efemelenista y miembro de la comisión de seguridad, Misael Mejía, realizar este acto en ese lugar deja un mensaje claro a los criminales, sobre todo porque a su criterio el asesinato fue una afrenta al Estado, en la que incluso asegura podría estar vinculada la estructura partidaria de ARENA de esa localidad.

En esta entrevista, el legislador hace un análisis de lo ocurrido en Apopa y en otras municipalidades que han puesto resistencia a que se implementen las medidas de seguridad, como es el caso de Ilopango. Además, hace un balance de los primeros tres meses de que el Ejecutivo y la Asamblea iniciaron con las medidas extraordinarias.

Este miércoles las autoridades de seguridad hicieron un nuevo despliegue de las fuerzas especiales en 16 municipios más, y el acto fue en Apopa, algo que se dijo fue simbólico por los problemas que ha tenido el municipio, ¿cree usted que servirá para mejorar la situación?

Yo creo que el despliegue de este contingente de Fuerzas Especiales en Apopa lo que va a permitir es dejar claro que nosotros no vamos a retroceder, digo el país, la sociedad, el gobierno no va a retroceder en la decisión de controlar el territorio por parte de la gente honrada y no tiene que ver con que la Policía y la Fuerza Armada controlen, sino que el tema de la gente honrada se apropie. Apopa es una ciudad importante del país, no estamos hablando de un pueblito chiquito, estamos hablando de una ciudad en la que viven varios miles de personas y lamentablemente ahí la presión había llegado a niveles en el que casi hacían lo que querían en el gobierno local, disponían de recursos, se atrevían a presionar a la iglesia, a medio mundo y no puede ser. Ahora se deben  recuperar las comunidades, debe hacerse sentirse la fuerza del Estado, la fuerza de la ley más allá de los vínculos que puedan haber tenido con algunos altos funcionarios.

¿A su criterio que era lo que estaba pasando en Apopa?

Yo creo que tanto las medias extraordinarias y las capturas, como la del alcalde de ese municipio tienen en una situación de desesperación a los criminales. Lo que pasa es que ahí había algunas áreas  del gobierno local, que incluso pudieron paralizar los servicios en el mercado y los servicios de recolección de desechos sólidos en la mayor parte de la ciudad.

Nosotros tenemos que lamentar la muerte de uno de los funcionarios de los servidores públicos más entregados a la búsqueda de soluciones de los problemas de Apopa, un concejal que ha dedicado buena parte de su vida a ayudar a resolver los problemas de Apopa  y perdió la vida en manos de la criminalidad en días recientes. Uno tiene claro que esos son mensajes porque los que conocimos a René Díaz sabíamos que era una persona honrada que estaba dedicada al trabajo, pero también es una afrenta de los grupos criminales al Estado, no a la policía, no al FMLN, no a los funcionarios públicos nuestros, sino al Estado, es decir una afrenta al gobierno local, es un chantaje.

¿Tienen indicios de lo que ocurrió en este crimen?

Creo que el papel de la Fiscalía y la Policía deben ir afondo, deben dar resultados porque yo creo que en esa ruta va ese esfuerzo de lanzar un mensaje claro. Particularmente en Apopa está claro que el alcalde era parte de, no era colaborador, era parte de. Creemos que deben ser las autoridades que vayan a fondo sobre el asesinato del concejal René Díaz, pero uno no puede descartar que en el fondo no solamente el alcalde esté vinculado, sino que también esté la relación directa y que el partido ARENA esté contaminado, al menos en esa localidad, y puede tener vínculos con esa decisión de asesinar a un servidor público que vivía en una zona complicada, pero por acciones de este tipo no se pueden retroceder.

El país merece que lo que se ha empezado a construir sea sostenible, que aterrice en mejores niveles de confianza en las instituciones, y niveles de convivencia y tranquilidad, para todos y vamos a avanzar en esa ruta. A mí no me cabe duda que en el partido ARENA hay una buena parte que tiene claridad de eso, hay otros que se enredan más de la cuenta. Seguimos teniendo algunos gobiernos locales, casi confrontando estos esfuerzos, particularmente en Ilopango y eso es lamentable porque no abona en esta ruta.

¿Ilopango también va a ser intervenido en estos 16 municipios priorizados en la segunda fase?

Entiendo que sí, entiendo que es uno de los 16 municipios que ingresan a la prioridad, en los que el Plan El Salvador Seguro hace los esfuerzos en todas las áreas de manera integral.

¿Han tenido resistencia con la municipalidad de Ilopango?

Si ahí ha habido por parte del acalde oposición plena. Hay convocatorias incluso públicas para oponerse a eso. Lamentablemente el partido ARENA no dice nada. Uno tiene el derecho de pensar que mientras no se desmarquen de esas decisiones del acalde tienen consentimiento de algunos dirigentes de ARENA. Yo creo que bien harían en desmarcarse. Lo que pudimos ver es acompañamiento en el caso del alcalde de Apopa y algunos diputados de ARENA incluso respaldando. Uno a veces no tiene claridad, si es un problema de información o algo, porque algunos de ellos están involucrados en la criminalidad eso está claro.

Pero el FMLN también ha tenido un problema similar en Zacatecoluca…

Es distinto lo de Zacatecoluca. Ahí lo que había era algunos empleados, y el alcalde lo que ha hecho es ponerse al servicio de las autoridades en función de que vayan a fondo las investigaciones. Es una situación distinta, pero tenemos que cuidar las instituciones más allá de quién esté al frente. Tenemos la obligación de hacer mayor esfuerzo en evitar que se contaminen los esfuerzos del servidor público y los recursos de la gente, sobre todo, que son del pueblo que no vayan a terminar en manos de la criminalidad, no es el mandato que se nos han dado a ningún servidor público.

Ahora se están cumpliendo tres meses de la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad y las autoridades apuntan algunos atinos, ¿cuáles cree usted que son los principales avances?

El país va teniendo en cuenta un plan de mediano y largo plazo que le permite marcar la ruta, que le da la salida a este problema que es fundamental resolverlo. Las medidas extraordinarias tomadas por la Asamblea Legislativa son parte de ese plan. Uno si revisa el Plan El Salvador Seguro ve que una de las prioridades era el tema del control carcelario, por ejemplo. Y en ese ruta se ha caminado bastante en la decisión firme y clara del gobierno de cortar la comunicación del mando estratégico de la criminalidad es fundamental, pero a la par de eso era necesario hacer un esfuerzo  de persecución de los principales cabecillas de grupos criminales que estaban fura de las cárceles.

A tres  meses de ese esfuerzo uno lo que puede plantear es que ha sido sostenida la reducción. El control todavía no es  pleno, pero cerrar las llamadas y eliminar la comunicación ha sido uno de los pasos más importantes que se han tomado y los efectos particularmente en delitos graves como los homicidios y su disminución sostenida y sistemática nos permite seguir reafirmando que vamos  en la ruta correcta hacia el combate a la criminalidad.

¿Cuál cree que son los principales retos?

Todavía tenemos problemas, particularmente, el tema del control territorial es clave y en eso es no solo la presencia policial y del Ejército, sino del esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado, el tema de garantizar arrinconar, seguir reduciendo la incidencia que los grupos criminales puedan tener sobre las comunidades, sobre la niñez y la juventud es clave. En eso hay varios esfuerzos pero sigue pendiente la articulación para garantizar que el tejido social se regenere y se amplíe.

¿Cree usted que habrá un impacto a mediano y largo plazo con estas medidas?

Yo creo que si logramos que el año para el que hemos aprobado las medidas extraordinarias se mantenga de manera sostenida estaremos frente a la posibilidades que el 2017 tenga mayores posibilidades de recuperar el tejido social, de recuperar territorio, de mejorar otros índices porque por ahora el tema de homicidios, el tema de extorsiones está en una tendencia sostenida a la baja…

Tenemos un problema todavía de la cifra gris o la cifra negra, con el dato de las extorsiones, de gente que no denuncia, pero los datos que tenemos es que en la medida en que la comunicación desde los centros penales disminuyó también disminuyó la extorsión.

Pero han admitido que hay comunicación a través de internet…

Es correcto, es que todavía las empresas de telefonía no terminan de cumplir el papel que les corresponde de aislar plenamente las comunicaciones. Ese es un tema que se está midiendo de manera permanente y hay algunos penales en los que de manera constante se está haciendo monitoreos, pero también tomando medidas para hacer correcciones.

¿Para usted de verdad es un año de quiebre como han dicho las autoridades?

Sí para nosotros sí, es decir, ahí están los datos las estadísticas, pero la gente, las comunidades, las familias, las empresas también perciben eso. Nosotros hemos estado de manera permanente vinculándonos a las comunidades y la gente siente una actitud distinta y hay sectores empresariales grandes en que la disminución de las extorsiones está abajo del 60%, es decir, eso implica más ganancias, eso debería implicar más inversión, mayor empleo, mayor circulación de recursos en el país. Creo que todavía hay mucho por hacer. El Consejo de Seguridad  ha tomado la decisión de enviar la próxima semana un equipo a Congreso de los Estados Unidos, al Senado, para que conozcan los resultados, pero también para hacer una mejor combinación entre los recursos del Plan de la Alianza por la Prosperidad para el Triángulo Norte, que nos incluye a nosotros como país, pero también en la ruta de demostrar qué tanto estamos haciendo.

En cuanto a los fondos por el momento ha habido problema para la colocación oportuna de los $150 millones en bonos que en mayoría van para mejorar las condiciones de las cárceles, ¿cree usted que está afectando?

El tema de la colocación de los bonos no es todavía satisfactoria plenamente pero va caminando. Es normal que dos o tres meses se demore la colocación, lo importante es que aquí ya se hizo una reestructuración del presupuesto que nos permite incluirlo en cuanto se tengan disponible esos recursos se trasladen a las instituciones. Lo importante es que mientras eso se coloca ya se tiene la base y se está recaudando de manera directa a la contribución especial a la telefonía que ha venido mejorando la recaudación también. Con los recursos de la contribución especial a la telefonía se ha estado dotando a las autoridades, a la Policía a la Fuerza Armada, incluso invirtiendo. Yo creo que otro gallo estaría cantando en este tema si los magistrados de la Sala de lo Constitucional a estas alturas después de un año de tener bloqueado  los $900 millones, ya hubieran dado sentencia definitiva; esos recursos sin duda estarían siendo valiosísimos para generar un esfuerzo mucho mayor en la ruta de corregir ese tema. Sin embargo, pese a las trabas, yo creo que lo importante es tener claridad de que vamos bien.