El miembro de las comisiones de Seguridad y Defensa, general retirado y diputado del partido ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, dijo que la expresión del presidente Nayib Bukele de que está autorizada la fuerza letal para combatir a las pandillas es un recurso mediático, porque no se trata de algo nuevo, sino de algo que ya está consagrado en la Constitución desde 1983 y que además es parte de las leyes salvadoreñas desde la fundación de la República.

La autorización del Presidente llegó después del aumento de homicidios por parte de pandilleros desde el viernes pasado.

“Es un recurso mediático que utiliza el señor presidente para decir ‘wow, algo nuevo’ cuando desde la formación de la República está el uso de la fuerza y desde la parte académica está explicado de qué se trata, no es un permiso para matar, hay un protocolo”, dijo.

El militar retirado explicó que el uso de la fuerza está regulado y debe ser, en todas las circunstancias, progresiva y proporcional a la amenaza. 

“La fuerza letal es parte de la dosimetría de fuerza, es progresiva y proporcional. Son protocolos en el uso de la fuerza. La fuerza letal es la que puede llegar a causar heridas o hasta la muerte de una persona y en el protocolo está establecido, con base al principio constitucional de legítima defensa, que no tiene absolutamente nada que ver (con la autorización de Bukele)”, dijo. 

Sobre las advertencias de las organizaciones nacionales e internacionales de que El Salvador se convertiría en una nueva dictadura, según Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que lo que tiene el país es un gobierno vertical y autoritario. 

"(El Gobierno) tiene el síndrome de la desobediencia, de las resoluciones de la Sala, pasa sobre leyes, desobedece la Constitución, y definitivamente interpreta la Constitución al contrario de lo que la Sala ha desarrollado. Hay que tener cuidado al sano juicio y el respeto de las instituciones", valoró. 

Sobre las violaciones a los derechos humanos de los pandilleros reos, dijo que la comisión de Seguridad de la Asamblea visitará los penales para verificar si efectivamente existen violaciones a los derechos. 

“Nosotros como comisión vamos a hacer una visita, revisar lo que está sucediendo y poder emitir una opinión en una situación delicada”, agregó.