El 27 de marzo de 2017 llegó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que contemplaba cárcel para funcionarios públicos por contratar a familiares, amigos o allegados; 1,022 días después, los diputados no han llegado a acuerdos para sancionar de manera más estricta la práctica del nepotismo.

En medio de las críticas de la población, los legisladores de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales decidieron reabrir el tema del nepotismo y programaron el tema para el 22 de enero, después de una serie de publicaciones que revelaban contratación de familiares y de personas que cobraban salarios sin llegar a trabajar.

Cristina López, quien fuera diputada por el PCN en el período 2015-2018, buscó la reelección en 2019 pero no quedó, su partido la puso como empleada de la fracción y "nadie" se dio cuenta que se fue del país y continuó cobrando ocho meses después.

López reveló que no es la única dentro del partido con esa condición de plaza fantasma, y señaló a otros empleados de serlo.

En octubre de 2018, un diputado que habló bajo anonimato con El Salvador Times, señaló que a López la fracción del PCN le dio la orden de que no llegara a la Asamblea a raíz de un tuit que publicó.

En la publicación hecha la noche del domingo, la exmarchista dijo que el propio jefe de fracción, Antonio Almendáriz, fue quien dio esa orden.

Cárcel por contratar parientes

El primer intento con endurecer las prácticas de contratar familiares se dio en 2017 cuando el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, propuso una modificación al Código Penal.

El legislador pretendía incluir en la sección de delitos relativos a la administración pública, artículo 320, que un funcionario público fuera a la cárcel por contratar a quien no reúna los requisitos o que sea su pariente.

“El funcionario público (…) que contratare para un empleo a una persona que no concurra los requisitos de ley será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años (…) si la persona nombrada (es) cónyuge pariente dentro del primer grado de consanguinidad o segundo de afinidad (…) la pena aumentará a una tercera parte e inhabilitación especial por igual tiempo para ejercer cargos públicos ”, establecía la propuesta .

En la iniciativa de modificación se incluyó otros puntos como cárcel para un funcionario o empleado público que alterara procesos de licitación; y prisión de hasta 10 años a funcionarios por incremento patrimonial sin justificar.

La Ley contra el Nepotismo está varada desde la compaña presidencial

El 5 de septiembre de 2018 hubo otro intento por endurecer las penas a quien contratara familiares, pero esta vez no era una reforma a lo ya existente, sino una Ley Contra el Nepotismo, en la cual se consideraba prohibición aunque los nombramientos fueran Ad honorem.

“El que realizare un nombramiento o contratación y su beneficiario, realizado en contravención a lo dispuesto en la presente Ley serán sancionados con inhabilitación para ejercer la función pública de tres a cinco años.”, reza el artículo ocho.

El citado artículo, incluso, contemplaba de que el que realizara la contratación de un pariente tenía que devolver los salarios que su familiar cobró en el tiempo que estuvo empleado.

Uno de los puntos que entrampó la discusión de los parlamentarios era el artículo 11, en el se  establecía que los contratos que transgredieran la normativa no serían renovados. Algunos políticos indicaron que el referido artículo era inconstitucional.