• Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Política

¿Quién podría hacer mejor uso de $32 millones en préstamo, la Asamblea o la Fiscalía?

El Congreso tiene aprobados $32 millones para la construcción de un nuevo edificio. Guillermo Gallegos ha sugerido que este puede reorientarse a la Fiscalía.

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¿Quién podría hacer mejor uso de $32 millones en préstamo, la Asamblea o la Fiscalía?

Trasladar hacia la Fiscalía $32 millones destinados para construir un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa es la propuesta que ha hecho el vicepresidente de este órgano de Estado, Guillermo Gallegos; sin embargo, otros legisladores ven con urgencia la construcción del inmueble debido a los graves daños que tiene el edificio actual.

Gallegos aseguró que propondrá ante la junta directiva que desista de la utilización de un préstamo por $32 millones que ha otorgado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción y equipamiento de edificio para oficinas de diputados y grupos parlamentarios de la Asamblea y este pase a reforzar el presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) para el próximo año.

Otros legisladores consideran que esta iniciativa no puede tomarse a la ligera y debe estudiarse detenidamente, ya que ven con urgencia la construcción del edificio, pues estudios técnicos han señalado los graves daños estructurales del actual y además tendría que renegociarse el préstamo con el BID.

Pero el vicepresidente de la Asamblea insiste en que no es necesario invertir en un nuevo edificio. “El edifico  no se está cayendo, Dios quiera que no se caiga, pero no creo que sea una necesidad, y comprometer el país a casi $40 millones en deuda que yo considero que no es necesario o de urgencia… yo pediría a la junta directiva  podríamos desistir de esto”, dijo el futuro presidente de la Asamblea.

En este sentido, cree que la Fiscalía podría hacer un mejor uso de estos fondos, incluso para la construcción de un edificio o la inversión en otro tipo de necesidades que tenga la institución.

Para el diputado de GANA y secretario de junta, Mario Tenorio, la Fiscalía puede invertir estos fondos en contratar más personal, adquirir mejor equipo tecnológico y solventar las deficiencias que tiene en la actualidad. “Sabemos que el Ministerio Público requiere de esa inyección presupuestaria para efectos de que se desarrolle una mejor actividad que pueda modernizarse”, manifestó.

El fiscal general, Douglas Meléndez, en estos últimos días ha señalado que necesita al menos $80 millones para la institución, que serían $36 millones más de lo que actualmente tiene. Entre las necesidades que ha señalado está la contratación de 150 fiscales, abrir 15 nuevas oficinas fiscales en el país, compra de vehículos, inversión en equipo, y compra de chalecos antibalas, por ejemplo.

Norman Quijano, de ARENA, explicó que la construcción de un nuevo edificio legislativo es urgente, puesto que corren riesgo los más de 2,000 empleados que trabajan en esta estructura de ocho pisos, que tiene graves daños estructurales. “Esto no lo digo yo, lo dice un doctor en estructura que ha señalado que corremos riesgo todos. Yo no quisiera aparecer como el defensor de un gasto como esto. Aquí estamos en riesgo todos”, recalcó.

El diputado se refiere a un estudio del año pasado cuando se contrató a un experto estructuralista nacional. Este entregó un informe detallado a la junta directiva, donde reveló graves daños estructurales, a tal grado que el inmueble no podría resistir un sismo de considerable intensidad, dijo.

De igual forma, la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, ha manifestado que “dentro de la conclusiones, nuestro edificio tiene casi el doble de carga permitida, el segundo problema es que tiene 50 puntos débiles a la hora de cualquier sismo, el tercer problema es que tiene cinco veces más del grado máximo de oscilación permitida en caso de un sismo”. En este sentido, el estudio es claro: no resistiría un terremoto.

Otro de los puntos en discusión es que para hacer un posible el traslado de fondos, se debería de renegociar el préstamo con el BID. Así, primero debería aprobarlo la junta directiva, luego ser aprobado en el pleno con 43 votos y posteriormente comenzar la renegociación con el BID para que los fondos sean trasladados a la Fiscalía.

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