Estados Unidos extiende los permisos de trabajo para los salvadoreños con TPS hasta el 9 de septiembre
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió una actualización oficial en la que confirma la extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) originarios de El Salvador. Esta disposición beneficia directamente a aquellos ciudadanos que, siendo elegibles para el programa, aún mantienen su solicitud de renovación laboral en estado pendiente o no han recibido sus credenciales físicas actualizadas. Con esta decisión, los empleadores estadounidenses están facultados para validar la continuidad laboral de los amparados hasta el 9 de septiembre de este año.
No obstante, la fecha límite establecida por la agencia federal no es casual, ya que coincide plenamente con la expiración formal de la actual designación del programa para el país centroamericano. La coincidencia de ambos plazos ha encendido las alarmas entre la comunidad migrante y diversos organismos de derechos humanos, dado que la resolución de la USCIS funciona estrictamente como un mecanismo administrativo para resolver retrasos de procesamiento de documentos, mas no representa una ampliación del beneficio migratorio en sí mismo.
El panorama se torna complejo en el ámbito político. Hasta la fecha, la administración del presidente Donald Trump no ha emitido ningún pronunciamiento oficial enfocado en prolongar el amparo legal para los salvadoreños. Históricamente, este programa ha estado bajo un minucioso escrutinio por parte del Ejecutivo estadounidense. Durante su primer mandato, se ordenó la cancelación del beneficio, una medida que fue contenida temporalmente en los tribunales federales gracias a litigios impulsados por las organizaciones civiles. En la actualidad, tras resoluciones judiciales favorables de la Corte Suprema sobre las competencias del Ejecutivo en materia migratoria, la continuidad del estatuto depende por completo de la voluntad política de la Casa Blanca.
De no anunciarse una renovación en las próximas semanas, más de 170,000 inmigrantes salvadoreños amparados bajo este programa humanitario —vigente desde el año 2001 tras los devastadores terremotos en el país— perderán sus salvaguardas legales contra la deportación. Dicho escenario los obligaría a abandonar el territorio estadounidense o pasar a la irregularidad, afectando tanto la estabilidad de miles de familias en Estados Unidos como el flujo de remesas hacia la economía de El Salvador.
