Las organizaciones de la sociedad civil que conformaban en comité del fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica para el manejo de los $2,000 millones renunciaron a su tarea de fiscalización, porque sus propuestas no fueron tomadas en cuenta por el Gobierno. 

La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado difundido. 

Los $2,000 millones es el dinero que la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno a buscar en préstamos para atender la emergencia del Covid-19. 

El comité lo conformaban —aparte de cinco ministros de gobierno— la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal) y las universidades UCA y ESEN. 

De acuerdo con el comité, su función era proponer la forma en cómo se iba a usar ese dinero y su forma de fiscalización, pero el Ejecutivo presentó una reforma a la ley para darle un destino específico al dinero; es decir, sus decisiones en el comité no iban a tener relevancia porque el dinero ya iba a tener un destino distinto a lo que, en conjunto, se había aprobado. 

En el Comité se había decidido que de los $2 mil millones se designara un 70% ($1,400 millones) y un 30 por ciento se destinara a proyectos a ejecutarse por medio de las alcaldías y cuyo monto no excediera los $600 millones.

El Comité iba a trabajar en crear un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas, se iba a financiar labores agrícolas y se iba a ayudar a empresas con problemas de liquidez para pagar las planillas.

Todo esto cambió cuando el Gobierno presentó, de manera unilateral, su propio plan.

“La propuesta que presentó el gobierno se establece que los $2,000 millones se distribuirán de la siguiente manera: $600 millones a las municipalidades, $450 millones para las transferencias monetarias a las familias y $950 millones para cubrir las deficiencias de ingreso del presupuesto 2020 (...) Esta propuesta unilateralmente por el Gobierno, aunada a los inconvenientes originales, dejan, en la práctica, al comité sin razón de ser pues se le quita la competencia de asignación de fondos”, reza el comité en el comunicado. 

Agrega otros aspectos como que se ha solicitado información al gobierno sobre la metodología de entrega del subsidio de $300 a las familias, hasta la fecha no han recibido respuesta.

“Hasta la fecha no se cuenta con un informe oficial de las gestiones de los fondos realizadas y su estatus. Solo se han recibido presentaciones verbales sin la correspondiente entrega de información para analizarla, por lo que no se conoce con certeza los recursos disponibles”, argumentó. 

También señalan que se han aprobado decretos que riñen con la Constitución de la República en el marco de la emergencia por la pandemia y que no cumplen con las sentencias de la Sala de lo Constitucional. 

“Preocupa la forma en que se ha venido atendiendo la crisis de salud y la forma en cómo se han estado invirtiendo los fondos en las primeras etapas de la emergencia”, expresan. 

Hasta el momento el Gobierno no ha emitido postura por la renuncia del Comité.