El no discutir de manera profunda las reformas a la Ley de Extinción de Dominio ha provocado que los magistrados de la Sala de lo Constitucional decidan admitir una demanda contra lo aprobado por los diputados hace unas semanas.

Los magistrados argumentan su decisión en la postura del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, quien ha señalado que las reformas van contra los principios de contradicción, libre debate y publicidad.

En la demanda Meléndez expuso que las reformas se aprobaron mediante una dispensa de trámite, sin que la Asamblea Legislativa justificara los motivos que legitimaban la adopción de esa medida excepcional.

Al mismo tiempo señalan que las reformas adoptadas y aprobadas con la mayoría simple buscan anular las herramientas que se tienen para combatir la impunidad y no prevén una medida alterna para dicha ley.

Los magistrados también ordenan que la Asamblea Legislativa que rinda informe en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución.

La admisión de la demanda de inconstitucionalidad fue firmada por unanimidad por los magistrados José Óscar Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Sonia Barillas de Segovia.

Los magistrados habían suspendido anteriormente la entrada en vigencia de las reformas debido a que se encontraban estudiando una serie de demandas interpuestas contra esta polémica ley.