La Sala de lo Constitucional emitió esta tarde la sentencia que declara inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993, con lo que pone fin a la inmunidad que gozaban criminales de guerra de ambos bandos en conflicto durante la guerra civil salvadoreña.

Ayer jueves, la Sala dio a conocer la decisión de derogar la Ley pero no hizo pública la sentencia alegando que faltaban los argumentos del magistrado Belarmino Jaime quien votó contrario al resto de magistrados. Esta tarde, finalmente, publicó en la cuenta de twitter el documento de 73 páginas, en el que destaca que la referida Ley, cuando se aprobó en 1993, no fue discutida.

La resolución dice que la Ley propició "una amnistía amplia, absoluta e incondicional y al extender su ámbito de aplicación subjetiva, la disposición impugnada habría impedido la investigación efectiva, el juzgamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de violaciones a derechos fundamentales".

Desde que se dio a conocer el dictamen, el mundo político salvadoreño no ha dejado de mostrar sorpresa y algunos han llegado a expresar que "el país se quedará sin la mitad de la clase política" y que podría propiciarse una "cacería de brujas", como expresó el ministro de Defensa, David Munguía Payés.

En cambio, otras opiniones como la del procurador de los Derechos Humanos, David Morales, cree que lo de "cacería de brujas es un mito" y que la derogación de la Ley es un paso para hacer justicia sobre crímenes de guerra.

De enero de 1980 a junio de 1991 se registraron en el país 22,000 denuncias de graves hechos de violencia entre ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas cometidas por militares y guerrilleros.

Se declara inconstitucional la Ley de Amnistía [Texto completo de la sentencia]  https://t.co/8WUvcR0DLW

— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 14 de julio de 2016

La sentencia reseña que el lunes 15 de marzo de 1993 la ONU dio a conocer el informe de la Comisión de la Verdad en el que se implicaba a militares y guerrilleros como violadores de los derechos humanos; dos días más tarde, el miércoles, el Ejecutivo presentó un proyecto de una ley de amnistía "amplia, absoluta e incondicional", la cual fue llevada al pleno el sábado 20 de marzo de aquél mismo año y aprobada por 47 votos. El presidente de la República, Alfredo Cristiani, justificó la necesidad de aprobar "una amnistía absoluta para olvidar esa página dolorosa de nuestra historia".

La sentencia de la Sala ha dejado sin efecto dicha Ley y permitirá que se juzguen crímenes que han permanecido impunes desde hace décadas como el de monseñor Romero y otras matanzas emblemáticas.