Los magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucionalidades en el presupuesto general de la nación 2017 debido a que fue aprobado a pesar de estar desfinanciado, es decir que no contemplaba los valores reales que se tienen que cumplir como compromisos.

En el comunicado emitido la tarde de este jueves se explica que la sentencia firmada ayer parte del razonamiento de la demanda presentada en la que se alega que el presupuesto contemplaba solo $1,000 para cumplir con el pago del Fondo de Obligación Provisional (FOP) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Los magistrados rechazaron la petición que se hacía en cuanto a la aprobación de deuda flotante ya que avalaron que esta se logre con 43 votos, aunque advirtieron a la Asamblea Legislativa sobre el uso exagerado de deuda que se ha tenido en los últimos años.

Los magistrados aseguran que luego del análisis realizado los $4,957,831,280 designados por el Ministerio de Hacienda no son suficientes para el funcionamiento del Estado."Se ha corroborado que este no incluye todos los gastos reales e íntegros que deben realizarse en el presente ejercicio financiero fiscal", reza parte del comunicado.

Los magistrados Sidney Blanco y Rodolfo González votaron de manera diferente luego de la discusión sostenida en corte plena debido a que no comparten que el presupuesto no sea declarado inconstitucional de manera completa.

En el caso de González su voto fue concurrente -es decir no coincide en todos los puntos de la sentencia- ya que alega que este fue presentado sin reflejar la verdadera necesidad de cada una de las instituciones.

En tanto Blanco quien votó de manera disidente -es decir en contra- justificó que esto era debido a que a su juicio la inconstitucionalidad del presupuesto iniciaba al aprobarse una deuda flotante con 43 votos ya que pese a todo esta deriva en deuda y para ello es necesario la mayoría calificada, es decir 56 votos.

¿Cómo se aprobó el presupuesto?

A finales de enero del presente año los diputados lograron la aprobación del presupuesto general de la nación, luego de más de cuatro meses de intenso debates en los que no se lograron poner de acuerdo.

El plan financiero fue duramente cuestionado desde un primer momento ya que ARENA señalaba que estaba desfinanciado y las criticas se elevaron aún más luego de que se conociera que para penisiones solamente se abrieron partidas simbólicas de $1,000.

Finalmente los diputados de GANA, PCN y PDC se sumaron a los votos del FMLN y aprobaron con 48 votos los más de $4 mil millones que se cuestionan y en los que el Gobierno deberá realizar una serie de ajustes en los próximos dos meses.

ARENA inmediatamente recurrió a la CSJ para presentar una de las demandas en las que ahora se está resolviendo las inconstitucionalidades que pese a todo no dejan sin financiamiento a los proyectos que se ejecutan actualmente desde la Presidencia y sus dependencias.

Desde enero del presente año el presupuesto ha sido modificado en al menos cinco ocasiones y ha venido a ser el punto central en la polarización que se tiene actualmente en la Asamblea Legislativa.