El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén presentará este lunes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el alegato de insconstitucionalidad ante la superación del veto por parte de la Asamblea Legislativa a la serie de reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que permitían autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así lo informó el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. 

El vocero del gobierno explicó que las leyes salvadoreñas no permiten tener dos unidades paralelas con autonomía en temas de investigación, lo que sería igual a tener "dos fiscalías", argumentó y dice que esta situación se estaría propiciando con el veto que fue superado por los diputados. 

"Esta situación de dos unidades paralelas no es permitido, no puede haber una sustracción de atribuciones al fiscal general de la República y delegarse a otras que será autónoma dentro de la institución, eso simplemente la Constitución nuestra no lo permite, independientemente de los objetivos que puede perseguir esta reforma, los objetivos pueden ser buenos, pero tenemos que atenernos al texto de nuestra Constitución", dijo. 

Lorenzana agregó que el presidente enviará la correspondencia a la Corte Suprema de Justicia y no a la Sala de lo Constitucional, que se encuentra acéfala porque así lo manda la Constitución y recuerda que el artículo 138 dice que cuando el presidente considere inconstitucional un proyecto deberá enviarlo a la CSJ y no a la Sala de lo Constitucional como se ha indicado. 

"El presidente lo recibe y lo enviará a la Corte Suprema porque no tiene otro camino, quienes le recomiendan al presidente que sancione las reformas le están pidiendo que viole la Constitución, seguramente para después iniciar un proceso contra el presidente por violar la Constitución... la Corte tiene 15 días para resolver", agregó Lorenzana. 

Cuando el argumento del presidente de la República ante una superación de un veto, como se dio en este caso, sea por incostitucionalidad, quien lo debe dirimir, se acuerdo a las leyes del país, es la Corte y solo hay un organismo dentro de ella que puede decir si es constitucional o no, que es la Sala de lo Constitucional, por lo que la Corte enviará el proceso a la Sala y se apilará con los demás procesos ya que no hay magistrados electos en la Sala.

También calificó al grupo Egmont, de donde El Salvador fue expulsado por no aprobar las reformas, como un "club de amigos". De acuerdo a la Fiscalía en el grupo, se comparte información sobre actividades financieras sospechosas y por haber sido expulsados se perdieron las solicitudes que se habían hecho ante el organismo.