El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, dijo que ya no apoyarían una nueva cuarentena con el nivel de restricciones de la actual, sino que debería implementarse un aislamiento voluntario.

Actualmente El Salvador está bajo una cuarentena especial, como la ha denominado el Gobierno, en la que se prohibió la circulación del transporte de pasajeros y se limitó el número de salidas a la semana, medida que ha afectado a las empresas y trabajadores.

“Ya no vamos a apoyar una cuarentena restrictiva como la que ha mantenido el Gobierno estos últimos 15 días, creemos en una cuarentena voluntaria. Hacemos un llamado a la gente que no salga de manera innecesaria, pero que si tienen que salir a comprar comida o farmacia”, indicó el empresario.

Simán dijo que serán los diputados de la Asamblea Legislativa los que tomen la decisión, por lo que dijo estos deben escuchar a sus votantes y a la población para no seguir imponiendo medidas que los afecten.

“Creo que los salvadoreños están viendo a los diputados cómo van a actuar, y ellos tienen una elección pronto (…) se deben a la población, no al presidente, se deben a las medidas que van a beneficiar a la población y la población está atenda a lo que los diputados van a hacer”, recordó.

Dijo sentirse decepcionado de algunos parlamentarios pues anuncian su apoyo a propuestas del presidente Nayib Bukele sin siquiera haber leído la iniciativa.

“Me decepciona porque un diputado no se debe al presidente, no es empleado del presidente. ¿Cómo puede ofrecerle su voto sin siquiera haber visto la propuesta?, vemos diputados moviendo la cola al presidente cuando ni siquiera han leído la iniciativa que el presidente va a mandar”, cuestionó.

Se retiraron del comité por falta de transparencia

Simán explicó que la gremial que preside se retiró del comité del manejo de los fondos de emergencia falta de transparencia por parte del Ejecutivo.

“Estar en una comisión asumiendo responsabilidad por la cual no tienen decisión es comprometerse y ellos decidieron”, señaló.

El argumento del Gobierno es que renunciaron porque no se quisieron someter a una declaración patrimonial y a la prohibición de ser contratista del Estado (venderle al Estado). Simán refutó diciendo que ni siquiera se discutió lo de la declaración patrimonial.

“Ninguno de nuestros representantes tiene interés en participar en licitaciones que se den y mucho menos, ni tienen los negocios para participar en esas licitaciones. Nos retiramos porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas de qué manera se iban a manejar esos $2,000 millones”, sostuvo.