El vicepresidente salvadoreño, Oscar Ortiz, consideró "que la democracia puede peligrar sin la ley de Amnistía" que la Justicia anuló el pasado miércoles, porque "puede abrir viejas heridas y retomar unas acusaciones que ya habían sido sepultadas con los Acuerdos de Paz de 1992".

Ortiz agregó que cree que "en El Salvador hay otras prioridades, otros retos".

"Conocer la verdad, sí. Reparar a las familias, sí. Profundizar la reconciliación, sí. Pero no dinamitar esos pequeños puentes para que vuelva a crear un escenario de caos, confrontación, de abrir viejas heridas...", manifestó.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró el miércoles pasado inconstitucional la Amnistía de 1993 por contradecir los derechos de los ciudadanos de "acceso a la justicia" y "reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

A partir del fallo se abre la posibilidad de procesar a jefes militares y guerrilleros que cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante de la guerra (1980-1992).

El presidente Salvador Sánchez Cerén llamó el viernes a través de una cadena nacional a la paz y a la reconciliación, a "cuidar la tierna democracia" que vive el país, pese a la polarización y al agobio de la criminalidad de las pandillas, que sitúa a esta nación centroamericana como la más violenta del mundo por sus altas tasas de homicidios, que en 2015 llegaron a 104 por cada 100,000 habitantes.

"Yo coincido con el llamado a la unidad, a la reconciliación, a no abrir heridas del pasado (que hizo el presidente)", dijo el diputado derechista Ernesto Muyshondt. En iguales términos se pronunciaron otros diputados opositores, como Guillermo Gallegos y Rodolfo Parker, todos ellos de facciones derechistas.

La ONU declaró el viernes el fallo como un acontecimiento "histórico, que dará paso a la investigación de las violaciones a los derechos humanos" cometidas drante la guerra.

La Amnistía de 1993 no permitía enjuiciar casos atroces como el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, masacres de campesinos y de autoridades civiles, así como el asesinato múltiple de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

"La decisión representa un paso histórico para la investigación de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, la identificación de los responsables y la reparación a las víctimas y a sus familiares", señaló el comunicado de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH).

El conflicto armado culminó con 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos y más de un millón de refugiados, según cifras oficiales nacionales e internacionales, como la ONU.