El ex alcalde San Miguel y candidato por GANA, Will Salgado, presentó esta mañana una denuncia para 121 personas por presunto fraude electoral en la ciudad de San Miguel en las elecciones de 2015.

El político asegura que tiene un listado de 121 personas que se ha comprobado que participaron en fraude electoral al participar en las mesas receptoras de votos y haber votado, pero con documentación que violenta lo regulado por la ley electoral.

Salgado sostuvo que hubo al menos cuatro formas que utilizaron estas personas para emitir el sufragio de manera irregular en la ciudad migueleña, de la que asegura el artífice es el FMLN para darle el gane al actual edil, Miguel Pereira.

Agregó que algunos estuvieron en mesas pero sus DUI se emitieron después del cierre del padrón electoral, otro caso es que aparecen personas que estuvieron en dos mesas por lo que habrían votado dos veces.

Un tercer caso que ha encontrado Salgado es que hay miembros de mesas que tienen DUI que fue emitido en otro municipio, pero no en San Miguel, que en ese momento la ley exigía que fuera de ese mismo municipio.

Otra de las irregularidades es que hay personas que votaron con DUI que tiene dirección de Estados Unidos, pero esas personas no ingresaron al país anterior a esa fecha.

Estos y otros casos ha presentado Salgado ante la FGR para que investigue lo sucedido en las elecciones de 2015 en este municipio.

“Señor fiscal, usted tiene la oportunidad de ser el único fiscal general en la historia de el salvador que siente un precedente metiendo a la cárcel este montón de personas que cometieron este delito. Se les ha comprobado el delito de fraude electoral en mesas”, sentenció.

Por su parte, el fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró de que si se comprueba que hubo una movilización de votantes desde San Salvador hacia San Miguel en el 2015,  seria un "fraude" esa elección.

Esas declaraciones fueron vertidas, durante una conferencia que dio en las afueras de la Asamblea Legislativa, luego de asistir comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para brindar un informe privado sobre el uso de la herramienta del Centro de Intervenciones a las Telecomunicaciones.