Cuando en la Asamblea Legislativa comenzó a ventilarse la posibilidad de bajar la edad en que un reo puede ingresar a un penal, de disminuir la mayoría de edad o incluso de juzgar a los menores como adultos, una lluvia de ataques a favor y en contra salpicaron la discusión. 

Por un lado están quienes sostienen que la realidad salvadoreña exige que las autoridades sean más duras con los menores criminales, y por el otro quienes señalan que estas medidas violentan los tratados internacionales sobre los derechos de los niños. 

Sin embargo, un crimen ocurrido a finales de marzo atizó el fuego y quienes buscaban reprender a los menores criminales comenzaron a ganar terreno. Todo comenzó la mañana del 22 de marzo, cuando dos niños de entre 11 y 12 años de edad mataron a sangre fría a un joven de 23 años, un trabajador de la ruta 2, en Mejicanos. El cuerpo quedó tendido en la acera bajo la mirada de todos. Los niños huyeron y jamás los volvieron a ver. 

Si las autoridades hubiesen logrado atraparlos y ponerlos ante la justicia, no hubieran podido ser condenados. Según la legislación salvadoreña, los delincuentes menores de 12 años gozan de algún tipo de impunidad. 

La Ley Penal Juvenil es aplicable para los mayores de 12 años. En este sentido, en artículo 2 en el que se determina las personas que están sujetas a esta legislación expone en el inciso tercero: “Los menores que no hubieren cumplido doce años de edad y presenten una conducta antisocial no estarán sujetos a este régimen jurídico especial, ni al común; están exentos de responsabilidad y, en su caso, deberá darse aviso inmediatamente al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor para su protección integral”. 

Por eso, estos dos homicidas de 11 años quedarían impunes. Los legisladores salvadoreños lo sabían, por lo que la discusión de aumentar la pena para los menores, incluso de castigarlos como adultos cobró más relevancia. Pero muchos argumentaron que violaban los tratados de derechos de los menores. 

Ante esto la alternativa que se ha buscado es disminuir la edad para que se les pueda aplicar la pena máxima a los menores, que hasta ahora está fijada en los 16 años. 

Penas más duras para jóvenes homicidas 

La legislación contempla que para los adolescentes que tengan entre 16 y 18 años y cometan delitos graves como homicidio, extorsión, robo, secuestro, violación y agresión sexual, podrán tener una pena que equivalga a la mitad de lo que estipula el Código Penal para los adultos, siempre y cuanto no exceda los 15 años.
 
Así, por ejemplo, para el caso del homicidio agravado, la pena para adultos es de 50 años de prisión; por lo que a un adolescente mayor de 16 años y menor de 18 le toca una pena de 15 años. Pero si el delito es robo agravado, la pena máxima para adultos es de 12 años, por lo que para el menor la condena sería de 6 años. 

La idea de los legisladores, más allá de juzgar a los menores como adultos, lo que estarían buscando es ampliar esta edad; es decir que a menores de 16 años también se les pueda aplicar esta medida. Sin embargo, aún no está claro si se bajaría a 14, a 12 o incluso hasta 11 años. Esa es otra discusión. 

Según la legislación salvadoreña, los delincuentes menores de 12 años gozan de algún tipo de impunidad. 

Según el procurador de Derechos Humanos, David Morales, estas penalidades son de las más altas en la región centroamericana. “Es falso que haya penas que son blandas en contra  de los niños y adolescentes que delinquen, lo que manda la ley es que estos niños y adolescentes que delinquen al ser intervenidos por el sistema deben entrar en programas  especializados para buscar rehabilitarles”, dijo el funcionario.

Una de las diputadas que más ha despuntado la idea de juzgar a menores como adultos es Patricia Valdivieso, de ARENA, quien asegura este es un tema pendiente aún en la comisión de seguridad y espera pronto pueda ser discutido.  La legisladora pidió a finales de 2015 reducir los años para considerar a una persona como mayor de edad, para que le sea aplicado el Código Penal.

Con el repunte de violencia en el primer trimestre del año, el tema se discutió con  más ahínco y se barajeó la posibilidad, incluso, de renunciar a tratados internacionales de derechos de los menores para poder castigar a los niños y adolescentes homicidas. 

Valdivieso asegura que no hay necesidad de esto y espera que pronto se pueda discutir la moción. Explicó que en el país hay dos instrumentos que rigen el trato con los menores. Por un lado, está la Constitución de la República, que pide que haya una Ley Penal Juvenil Vigente; y la segunda es la Convención de Derechos del Niño que reconoce que todos los menores de edad son niños. 

“Sin embargo, suscribe que cada país que está adscrito a esa convención tiene el derecho de estipular la mayoría de edad para diferentes cosas: como es tomar alcohol, portar armas, trabajar, mayoría de edad para casarse y la mayoría de edad penal”, dijo. Además, sostuvo que en ningún momento se está buscando renunciar al tratado. 

PDDHH sale en defensa de los tratados 

El procurador de Derechos Humanos salió al paso de las posturas que están impulsando que El Salvador renuncie a los tratados internacionales y culpó a la falta de información que se busque este tipo de medidas. 

“Los tratados internacionales de derechos  humanos no son tratados que están generando impunidad, ni que están generando dijéramos limitaciones a la efectividad de las labores de seguridad. Esa es también una tesis falsa. Por el contrario, los tratados de derechos humanos lo que hacen es fortalecer los estándares democráticos de la administración del ejercicio del poder”, dijo Morales. 

Explicó que la Convención de Derechos de la Niñez es uno de los tratados más respaldados a escala internacional. 

“No existe otro tratado de derechos humanos más respaldado por la comunidad internacional y por un número tan grande de países. Vamos a tomar la decisión de rechazar la consagración de los derechos de la niñez por un análisis  jurídico erróneo”, dijo. 

Además, consideró que este tipo de posturas son populistas y generan apoyos en la población que está siendo afectada por la violencia y por eso son tan atractivos para los políticos. 

“En la angustia de sufrir la violencia pueden creer que este es un camino y obviamente los discursos de populismo punitivo; es decir, discursos de fuerza que claman por reformas y endurecimiento de leyes, son discursos que se han dado en muchos países y  generan simpatías políticas y votos  en los eventos electorales y por eso son muy usados por diversas agentes políticos”, sentenció. 

Para Morales, el problema de la violencia es mucho más complejo y no se soluciona solo con reformas al Código Penal, porque solo atacan los efectos y no las causas, por lo que se tiene que apostar al combate de las causas al igual que la persecución del crimen. 

Tan solo en 2015, unos 979 menores de edad recibieron condenas en ese año, de los cuales 37% eran pandilleros: 227 pertenecían a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), 136 a la Barrio 18 y uno a la Mirada Loca.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), los principales delitos por los que fueron condenados son: posesión y tenencia de drogas, con 213 casos; tenencia de arma de fuego, 177; tráfico ilícito de drogas, 133 casos; homicidio simple y agravado, 99 casos: extorsión, 75;  y agrupaciones ilícitas, 45.

Esto sin contar los que están esperando condena y los que, como los que asesinaron al trabajador de la ruta 2 en Mejicanos, nunca pagarán por sus delitos.