Algunos diputados consideran improbable la reelección del procurador  de Derechos Humanos, David Morales. Dos de las principales críticas a su gestión se deben al hecho de haber rechazado la labor de las autoridades de seguridad en algunos operativos. Otro de sus "pecados" es el de haber contribuido a desempolvar el caso de los jesuitas. 

La fracción tricolor tiene la llave para completar los 56 votos requeridos para que pueda asumir el cargo durante un nuevo periodo; sin embargo los diputados que conforman la Comisión Política han pedido -entre otras cosas- que el perfil del nuevo funcionario sea el de un abogado apolítico que abogue por los derechos de los salvadoreños y de víctimas de la violencia. Carmen Elena de Escalón, de ARENA, señala que la institución urge de una renovación con personas idóneas y apolíticas.

“En Morales no he escuchado el derecho de defensa de víctimas de la delincuencia. El procurador debe defender al ser humano lastimado en su derecho. Le hizo falta una defensa continua contra las víctimas de nuestro país. Acá se defiende al agresor y no a la víctima y sus cientos de familiares”, indicó de Escalón.

Morales es un abogado graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Ha fungido como director de la PDDH previo a su elección como procurador, fue el director de derechos humanos de cancillería y consultor en la materia. En su gestión se logró que la Procuraduría de Derechos Humanos fuera miembro no permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que este año vence. A pesar de ello, ha sido cuestionado por su actuación respecto a la defensa de grupos delincuenciales, cuando se acusó a las autoridades policiales de la Fuerza Armada por el uso excesivo de la fuerza en detenciones.

En este punto, Guillermo Gallegos, diputado de GANA, muestra su distanciamiento con el actuar de Morales. Para el legislador, “el procurador ha hecho unas cosas acertadas y otras no. Por ejemplo la defensa de pandilleros, donde se ha velado más por sus derechos que por las víctimas. Eso lo veo repudiable”, indicó el legislador.

Obligaciones del procurador, según la Constitución

Uno de los mandatos que estipula la institución en el artículo 194 de la Constitución de la República destaca las obligaciones de este funcionario y señala, en el literal número 5, que es el responsable de "vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa".

Ese punto lo entiende bien el abogado y diputado por el partido del PDC, Rodolfo Parker, del PDC, quien al hablar sobre el perfil del procurador sostiene que no se debe hacer una distinción para segmentos poblacionales y esa no discriminación incluye a  personas que puedan estar privados de libertad.

“Tenemos que medir los resultados de una gestión en  base a los resultados. Cuáles son los avances, logros, retrocesos y tenemos que revisar los señalamientos en cuanto a afectación  y tangibilización de derechos humanos e incluso comparado con lo que señala Naciones Unidas. Tenemos que revisar ese tipo de señalamientos y hasta cuándo la PDDH ha estado a la altura de las circunstancias en estos casos”, señaló.

Antonio Almendáriz, del PCN, explicó que es necesario que el procurador defienda los derechos de las personas a quienes se les ha detenido en procesos no adecuados, así como malos procedimientos de las instituciones de Estado.

“La confusión de un procurador radica en la defensa, pero si hay capturas sin procedimientos adecuados, él debe intervenir. Otro detalle es que si la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia o el Ministerio Público cometen algo en contra de los derechos humanos, el procurador debe salir a su defensa”, señaló.

Además explicó que el perfil exige a una persona conocedora de derechos humanos y que entienda la “protección de la población contra el abuso del Estado”.

En ese mismo sentido, Damián Alegría, del FMLN, mostró su aprobación en el trabajo realizado por el ombudsman, y explicó que una de las demandas que más han gozado de la desaprobación es su insistencia por exhortar a los cuerpos de seguridad por el uso adecuado de la fuerza.

“Yo creo que su posición no es la defensa a los pandilleros, sino que la Policía haga bien su trabajo. Decirlo no es fácil, hacerlo es lo difícil. Él está en una situación muy difícil porque llega a diferentes lugares y no es recibido con aplausos, sino con abucheos. El procurador lleva seguimiento a estos temas y ayuda a establecer los límites y el buen uso de fuerza”, indicó Alegría.

El período de Morales en la institución culmina el próximo 8 de agosto y uno de los hallazgos que destaca en su gestión radica en que se ha logrado resolver una fuerte cantidad de casos en los que se han violentado los derechos particulares. Antes, el papel de la institución se enfocaba en la función de los derechos de las instituciones. El funcionario ha reiterado en repetidas ocasiones que las funciones del procurador tienen una fuerza constitucional y sus resoluciones no van acompañadas del poder judicial. Pese a esto se han resuelto por la intervención de derechos humanos.

La Comisión Política ha nombrado a los miembros que conforman la subcomisión que entrevistará a cada uno de los candidatos para el puesto. Entre los diputados que realizarán este trabajo se encuentran Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA; Mario Ponce, por el PCN; Santiago Flores, diputado por el FMLN; Guillermo Gallegos, por GANA, y Rodolfo Parker por el PDC.

Entre los candidatos a aspirar al puesto de procurador de Derechos Humanos se encuentran Carlos Alberto Martell Brizuela, José Antonio Pérez Castillo, Raquel Cabrera de Guevara, Eliazar Omar Galdámez Guerra, Jesús Gonzalo Contreras Fuentes, Manuel de Jesús Cortez Mira, Salvador Méndez González, David Ernesto Morales Cruz, Juan José Zaldaña Linares, Sonia Maritza Sales Rivera y Marlon Harold Cornejo Ávalos.