La Defensoría del Consumidor indicó que en las inspecciones a diferentes establecimientos comerciales que se hicieron durante la cuarentena detectaron un aproximado de 1,800 productos que eran vendidos a pesar de que estaban vencidos.

El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, indicó que en el primer año de gestión del Gobierno la cifra de productos vencidos que han sido identificados asciende a 15 mil.

“Estos (los 15 mil) han sido identificados en diferentes establecimientos que se dedican y que tienen a disposición de los consumidores productos preempacados cuyas fechas de vencimiento habían sido caducadas y en este período de la cuarentena identificamos alrededor de 1,800 productos”, dijo.

La reactivación económica de El Salvador se inició formalmente el martes 16 de junio, situación por la que dijo se tienen que redoblar esfuerzos en las inspecciones que se van a realizar.

“Se tiene que poner atención para salvaguardar la salud de los salvadoreños (…) el despliegue de nuestros equipos de inspección se realiza a nivel nacional. Es importante hacerles el llamado a las empresas, sobre todo a las que brindan servicios de comida a que le presten atención al tema de los productos que están utilizando, que sean de calidad y que estén vigentes”.

La Ley de Protección al Consumidor (LPC) establece sanciones con multas de hasta 500 salarios mínimos por venta de productos vencidos.

Pagos de servicios diferidos

La institución dijo que están pendientes de que se cumplan las disposiciones para el pago diferido de los servicios básicos como agua, luz, telefonía e internet.

Por decreto legislativo se aprobó diferir los pagos de los meses de marzo, abril y mayo. En el caso de los servicios de agua y luz lo correspondiente a esos meses podía diluirse hasta en las 24 facturas posteriores.

Por telefonía e internet lo correspondiente en esos meses podía pagarse en lo que restaba de contrato o de común acuerdo entre la empresa y el cliente.

Para todos los servicios no se pueden generar cobros adicionales (como multas) y en caso de que lo hagan, el ciudadano puede denunciar en la Defensoría.

“Pueden acudir a la Defensoría porque vendría a ser un cobro indebido. Es importante señalar que en la contratación de servicios todos los cargos deben ser autorizados por el consumidor y no de manera arbitraria por parte del proveedor”, afirmó.

Salazar recomendó a la población evitar salir a las calles e interponer las denuncias vía telefónica al 910 o en la página web. Agregó que, en caso de ser necesario, el personal de la Defensoría puede visitarlo en su hogar.