El Banco Azteca y la empresa de telecomunicaciones Tigo han sido sancionados con más de $196,000 en la Defensoría del Consumidor por mal servicio a sus usuarios.

Desde junio del 2018 a marzo del 2019, la Defensoría multó al Banco Azteca con $117,950.40; mientras que a Tigo lo hizo por $ 78,435. 

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo a El Salvador Times que los proveedores más denunciados son los del sector de telecomunicaciones, que son aquellas empresas que brindan servicios de internet y cable, los cuales representan un promedio de 20% ó 23%.

Explicó que, por ejemplo, en el último período de gestión dicha entidad gubernamental atendió un poco más de 76,000 usuarios que se acercaron para consultar algún problema de consumo y de esa cantidad de personas, un 20% fue en el tema de telecomunicaciones.

Agregó que otro sector importante que denuncian los consumidores es del área financiera, que son todas aquellas situaciones en las que hay una disconformidad con alguna caja de crédito o algún banco con el tema de las tarjetas de crédito.

“Estamos hablando que un 18% representa todo ese rubro que están relacionados a la parte financiera y de allí tenemos otros sectores que igualmente son masivos (…) me refiero al sector de agua potable y energía eléctrica”, detalló.

En tercer lugar, la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V aparece con una multa de $56,025 y GMG servicios de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable y Equifax con $41,688.

Tabla de proveedores más sancionados en el país,  cortesía de la Defensoría del Consumidor

¿Qué debe hacer el usuario para denunciar?

El presidente de la Defensoría del Consumidor explicó que los usuarios interesados en denunciar un mal servicio de las empresas pueden hacerlo en las diferentes oficinas del país.

“Tenemos 26 puntos de atención a nivel nacional, estamos atendiendo en todas las cabeceras departamentales (…)  en San Salvador tenemos una que está frente a El Salvador del Mundo y hay otra en el Plan de la Laguna, La Libertad”, manifestó.

Aclaró que hay otros mecanismos no presenciales que son muy importantes para denunciar los cuales son:

1- Call Center 910:  El equipo de atención estará brindando toda la orientación que se necesita, si encuentra la necesidad de recibir documentación y se establece el mecanismo para recibirla de manera no presencial.

2-Whatsapp: Es otro de los mecanismos que están ofreciendo a la población. El número habilitado es el 7860-9704.

3-  La Defensoría en Línea: defensoriadelconsumidor.gob.sv y allí encontrará el correo electrónico para poder exponer el caso donde se llena un formulario y eso facilita también la recepción del caso y brindar la orientación respectiva

4- Redes Sociales: @Defensoria_910 en Twitter y Defensoría del Consumidor en Facebook.

Más alcance para investigar

Salazar comentó que la Defensoría tiene una serie de competencias, no sólo la Ley de Protección al Consumidor, ya que recientemente las reformas que dieron en la ley de Telecomunicaciones ampliaron el marco de competencias de la institución.

“Tenemos nuevos alcances que antes no los teníamos y también quiero mencionar que en la parte financiera tenemos las leyes del Sistema de Tarjeta de Crédito, Contra la Usura que son aspectos en los cuales hay disposiciones legales donde nos brindan competencias en las que la Defensoría viene realizando su labor”, explicó.

Dijo que una vez se verifique en que hay una violación a la ley o una situación que atente contra el interés del consumidor, se activan todos los procedimientos que la ley asiste y uno de ellos es el avenimiento el cual ha sido de gran éxito.

“El avenimiento es un mecanismo en el cual la Defensoría viene hacer como un intermediario para solucionar de manera inmediata ese conflicto que se pueda estar presentando. Estamos hablando que cerca de un 60% de todos los casos los estamos atendiendo por esa vía".

También explicó que se tiene un sistema de infracciones que establece la ley con multas que van hasta los 50 salarios mínimos que son las menos graves. Los más graves pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos; además hay un tribunal sancionador que asiste a la Defensoría para interponer la sanción.