Ante el anuncio presidencial de un aumento del 13% en las tarifas de energía eléctrica, sectores empresariales como Cámara de Comercio, Cámara Salvadoreña de Turismo, ASI, ANEP y otros, han convocado para un “apagón” este lunes 4 de julio, de 8 a 9 de la noche, para protestar por dicha medida que han calificado como “impuesto disfrazado”, aun cuando el gobierno niega tal cosa.

El “apagón” serviría como medida de presión al gobierno para que desista de la idea, pese a que el oficialismo se ha mantenido firme en su postura.

El pasado 28 de junio, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén anunció que el cobro en las tarifas aumentaría un 13% a partir del próximo 15 de julio y que los fondos recaudados se ocuparían en “inversión social”.

Para evitarse las discusiones en la Asamblea Legislativa y posibles trabas a la propuesta, el mandatario acuerpó la medida mediante un decreto oficial, el cual fue firmado por el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, quien junto al jefe de la cartera de Hacienda, Carlos Cáceres, son los mayores defensores.

El decreto implica una modificación al reglamento de la Ley General de Electricidad, y entrará en vigencia después de su aprobación por la directiva de la SIGET, conformada por el sector empresarial y la representación gubernamental.

El gobierno insiste en que el incremento en la tarifa garantizará inversiones en proyectos de energía renovable que permitirán costos bajos en la factura, “en el largo plazo”.

Según fuentes gubernamentales, El Salvador está posicionado como el segundo país con las tarifas energéticas más bajas en la región “incluso con el cargo del 13% anunciado”.

Otro detalle del decreto es que el recargo en la factura ingresará a la Cel y no al Fondo General del Estado, para garantizar el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica.

Postura de la ANEP

Pero estos argumentos no son suficientes para la ANEP que están decidida a boicotear al presidente y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ya que consideran que la medida es “un impuesto disfrazado”.

El director legal de la gremial, Javier Argueta, dijo que solo la Asamblea Legislativa puede aprobar impuestos y que es inconstitucional que se haga vía decreto presidencial.

“Es un impuesto encubierto como cargo que pagarán todos los salvadoreños. Hemos visto cuatro reformas tributarias y se hace un desvío normativo y fraude a la Constitución”, indicó el representante de la ANEP.

En la demanda, los empresarios plantean que no se aplique el cobro que se empezaría a realizar a partir del 15 de julio y pidieron a los magistrados de la Sala pronunciarse de forma urgente.

Otro de los argumentos de la ANEP es que los gobiernos del FMLN han aprobado en 7 años 22 nuevos impuestos, además de haber mejorado la recaudación fiscal y de contar con millonarios préstamos “pero no se ven los resultados” por lo que dijeron no estar dispuestos a acompañar un impuesto más.

En redes sociales se ha observado en los últimos días un apoyo creciente al “apagón” anunciado por el sector empresarial, y las inconformidades por el aumento a la tarifa se han puesto de manifiesto por parte de internautas que se consideran afectados.