Defensoría del Consumidor destruyó más de 380 productos vencidos en restaurantes y hoteles durante las Fiestas Agostinas
La Defensoría del Consumidor (DC) de El Salvador destruyó 387 productos vencidos que fueron encontrados principalmente en restaurantes y hoteles a escala nacional durante las inspecciones a comercios que llevó a cabo la institución durante las pasadas Fiestas Agostinas, informó este jueves 13 de agosto Ricardo Salazar, titular de la defensoría.
Salazar comentó en la entrevista AM de Canal 10 que la DC llevó a cabo auditorías a un total de 550 establecimientos en todo el país durante las vacaciones de agosto y recalcó que el principal hallazgo de estas inspecciones consistió en que muchos restaurantes y hoteles del país estaban comercialización alimentos y productos con fechas de caducidad expiradas.
El presidente de la DC detalló que el personal de la institución localizó y procedió a la destrucción inmediata de 387 productos vencidos, una falta grave contra la salud pública. Salazar enfatizó que la existencia de insumos expirados en las cocinas y estanterías constituye una violación directa a la Ley de Protección al Consumidor, por lo que en esos negocios se activaron de oficio los respectivos procedimientos sancionatorios.
El funcionario se reservó los nombres de los restaurantes y hoteles que cayeron en esta falta grave contra la salud pública.
Por otra parte, Salazar indicó que la DC identificó que tres de cada diez establecimientos comerciales incumplieron las normativas de protección al consumidor durante el reciente periodo vacacional. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, los equipos de inspección ejecutaron un total de 550 verificaciones a escala nacional entre el 30 de julio y el 6 de agosto, priorizando rubros como restaurantes, hoteles, supermercados y tiendas de conveniencia.
Además de la mercadería vencida, las inspecciones revelaron otras faltas recurrentes en el 30% de los comercios que resultaron con hallazgos negativos, entre ellas la carencia de mecanismos regulados para la atención de reclamos y deficiencias en el pesaje de productos destinados al público.
Las autoridades confirmaron que los proveedores individuales o corporativos que incurran en la venta de productos caducados o en el ocultamiento de información económica afrontan expedientes legales, que pueden derivar en multas financieras severas de hasta 500 salarios mínimos. Finalmente, el funcionario reafirmó el compromiso del Gobierno central por mantener una vigilancia rigurosa en los mercados.