José tiene 28 años y a su edad ya tiene una familia conformada por una joven esposa y dos hijos. Ella y su madre cuidan de la casa y de los niños mientras él sale todas las mañanas a trabajar. Él es el único sustento para el grupo familiar que vive en la zona rural. Cerca de su vivienda queda su lugar de trabajo, una finca donde se desempeña como mozo cuidando vacas y por lo cual le pagan un poco más de dos salarios mínimos del sector agrícola, pues gana al mes $275 (el mínimo en el campo es de $118.20), pero los ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades de su familia.

José le llama con toda dignidad “la casa” pero aquello que habita es más bien una champa parchada con paredes de adobe, láminas, plástico y cartón, además que son paredes y techos más bajos que el promedio. Ahí vive con su familia, que aún se alumbra con velas y candiles, además de no contar con servicio de agua potable.

En estos días que se habla de aumento al salario mínimo, José lamenta la propuesta de la empresa privada, pues con lo planteado apenas le alcanzaría para comprar dos huevos extras. “Así nos ha tocado toda la vida a los pobres. En mi casa no alcanza para comprar jabón para lavar ropa ni trastes. Solo les echamos agua”, dice con la mirada hacia el suelo, aunque denota que está medianamente informado de los temas que al respecto se hablan.

Su historia se repite en su comunidad y se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional en miles de salvadoreños.

Ministra niega propuesta salarial de empresa privada

De seguro José no entiende de PIB, ni de índices económicos, pero entiende que tiene que llevar pan a la mesa de sus hijos. Y mientras vive de penurias, la comisión del Salario Mínimo ya tiene una propuesta para él y es, según el arzobispo Escobar Alas, un acuerdo “pecaminoso”, es decir, humillante.

Este miércoles la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, oficializó la entrega del decreto que aprobó el sector privado y sindicatos de trabajadores en el organismo tripartito con el que se realizó el ajuste al salario mínimo que en el que el sector industria ganarían $258.93, comercio $263.03, mientras los empleados de la maquila $221.44 y el agrícola $124.11.

La funcionaria realizará el análisis de la propuesta y con base al Código de Trabajo, observará el decreto; es decir, rechazará la enmienda elaborada y propondrá analizar otras.

“La propuesta presentada por la empresa privada debe ser observada, tal y como lo indicó el presidente Salvador Sánchez Cerén. Carece de fundación técnica y no cubre el costo de la población”, indicó Guevara.

La funcionaria reiteró el ofrecimiento del gobierno para realizar el aumento al salario mínimo que sería de $300 para el área urbana y de $200 para el área rural.

Por su parte, la ANEP insiste en que no dará marcha atrás y que lo fijado hasta ahora es lo que se puede pagar en la realidad; el gobierno también se mostró recio en ese sentido a fin de poder realizar esta modificación tal y como se ha planteado.

Instituciones como FESPAD, UCA, Comité de Defensa del Consumidor y Confederación Sindical de Trabajadores han aportado ideas a la comisión del salario mínimo, con la esperanza de ser oídos, a favor de las grandes mayorías.

De acuerdo al presidente del Consejo, Alejandro Rosales, al proclamar la ministra Guevara que el incremento ideado por la empresa privada no responde a lo señalado por la ley, las otras nueve organizaciones que han aportado sus iniciativas, podrían recurrir a una demanda al sector empleador y trabajador por actos arbitrarios.

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, son más de 200 mil personas que reciben el salario mínimo en el país y a quienes se les haría efectivo el reajuste. José es una de estas personas que esperan recibir un salario justo que permita llevar el pan a casa.