• Diario Digital | miércoles, 30 de septiembre de 2020
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Servicios - Comunicado

Tribunal ordena a Prado una fianza de más de $1 millón por cobros indebidos

En noviembre de 2019 la entidad del Estado informó que se le había abierto el proceso sancionatorio a la empresa debido a una serie de irregularidades cobradas en el período del 21 de noviembre de 2017 y abril de 2018.
Tribunal ordena a Prado una fianza de más de $1 millón por cobros indebidos

El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor impuso una fianza de más de $1 millón a Almacenes Prado (GMG Servicios de El Salvador S.A de C.V) por el proceso que le ha abierto por posibles cobros indebidos a sus clientes.

En noviembre de 2019 la entidad del Estado informó que se le había abierto el proceso sancionatorio a la empresa debido a una serie de irregularidades cobradas en el período del 21 de noviembre de 2017 y abril de 2018.

Debido a los hallazgos, la Defensoría realizó una serie de auditorías en donde encontraron, al menos, seis prácticas fuera de la ley.

Debido a los datos, el Tribunal decidió imponerle la fianza a la empresa que cubre el monto total que se le señala de haber cobrado de manera indebida a sus clientes, es decir; $ 1,028,569.84 como una medida precautoria.

La fianza “tiene como fin garantizar los derechos del colectivo de consumidores afectados por el posible cobro de intereses y comisiones contrarios a la ley, mientras instruye el procedimiento administrativo sancionatorio”, detalla la Defensoría en un comunicado.

Los datos de la institución indicaban que de 42,276 créditos otorgados por Prado, en 20,618 hubo cobro de intereses superiores a los permitidos por la Ley Contra la Usura (LCU), por un monto de $725,470.96

En otros 13,628 créditos, fueron cobradas comisiones contrarias a las establecidas por la ley, por un valor de $292,685.19; mientras que en 487 hubo cobros (por un valor de $10,413.69) con intereses contrarios a los permitidos por la Ley de Protección al Consumidor (LPC).

El resto de los señalamientos son por incluir en contratos de los consumidores cláusulas abusivas, no enviar informes crediticios al Banco Central de Reserva (BCR) y obstaculizar las labores de la Defensoría del Consumidor.

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