• Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Social - Respuesta a denuncia en Corte Suprema

Tribunal de Servicio Civil: sentencias y manejo de fondos están apegados a la ley

La administración de Noel Antonio Orellana Orellana presentó la documentación con la que aseguran quedan despejadas las dudas planteadas contra el magistrado presidente de esta institución. 

Tribunal de Servicio Civil: sentencias y manejo de fondos están apegados a la ley

La administración del Tribunal de Servicio Civil (TSC) salió al paso para diluir la acusación que pesa en contra del magistrado presidente, Noel Antonio Orellana Orellana, asegurando que esta “fue presentada por alguien con mala intención”.

Según documentos facilitados por el TSC a El Salvador Times, Orellana Orellana no habría cometido los supuestos delitos señalados. La documentación respalda las decisiones tomadas por esta instancia, supervisada por la Corte de Cuentas de la República (CCR).

A Orellana Orellana, se le habría señalado en una demanda presentada en la Corte Suprema de Justicia de haber manipulado dos casos en la institución que preside desde hace 15 años.

Sin embargo, señalaron que las decisiones que se toman en esta institución son colegiadas, es decir la mayoría impera; en otras palabras, que Orellana Orellana debe consultar y contar con el voto de dos de tres magistrados antes de emitir una decisión.

En el primero de los casos, se estableció que un juez de San Miguel promovió la destitución de José Herminio Garay Perdomo, quien en un primer momento fue destituido, pero posteriormente habría recibido un fallo a favor.

Según el expediente, el caso de Garay Perdomo se prolongó por varios meses debido a que se generó un intenso debate y se explicó que la decisión tomada, en un primer momento, se revirtió debido al debate sostenido.

Al mismo tiempo, se aclaró que la sentencia, en ningún momento, se extravió y que la primera decisión tomada era parte del proyecto elaborado respecto al caso, pero que nunca estuvo en firme.

Luego de escuchar la posición de ambas partes, los magistrados votaron dos a uno a favor de Garay Perdomo, acusado de ausentarse a su trabajo por motivos sindicalistas.

En el segundo caso, una secretaria de la Corte de Cuentas, Hilda Eugenia Flores Comandari, fue removida sin mayores explicaciones de su cargo, algo que ella consideró era una sanción injustificada.

Ante esto, Comandari acudió ante el TSC quien en un primer momento resolvió a favor de ella, pero al conocer que las autoridades de la CCR no se presentaron debido a motivos de salud -que fueron debidamente justificados- durante la gestión de Joel Humberto Valiente, se decidió retomar el caso.

En la nueva audiencia, se determinó que Comandari habría sido removida de su cargo con justa razón. No obstante, la mujer presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional, quien también habría fallado en su contra.

En ambos casos, Orellana Orellana no habría podido tomar una decisión, valiéndose de su cargo, ya que la ley establece que se debe contar con mayoría de dos de los tres votos de magistrados.

Dietas, combustible y canasta básica se entregan amparados en la ley

En cuanto a los señalamientos realizados en el manejo de fondos públicos, el TSC también desmintió esto, demostrando los estados de cuenta que se tienen de las dietas proporcionadas a los magistrados; combustible y canasta básica.

En el caso de los vales de supermercado, hay un instructivo aprobado y publicado en mayo de 2016 en el que se establece que los empleados se harán merecedores a dos vales de supermercado por un monto de $1,000 cada uno.

Mismo caso es en las dietas a las autoridades, quienes estarían recibiendo por sesión realizada entre $100 y $166, por las sesiones establecidas para resolver los casos que se presentan.

Al mismo tiempo, la Dirección Superior establece que las dietas mensuales no podrán superar los $2,000 aún y cuando se tengan más de 12 sesiones por mes.

Respecto a viáticos por combustible, se refiere a que cada magistrado cuenta con $300 por mes para transportarse.

El TSC remarca que todos los movimientos de fondos públicos quedan registrados en sus libros de contabilidad que son supervisados siempre por CCR, que ha dado su aval a todo lo anteriormente detallado.

Al mismo tiempo, muestran su disposición de someterse a cualquier proceso, aclarando que hasta la fecha no se ha recibido solicitud alguna de la Corte Suprema de Justicia o de la Fiscalía General de la República.

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