La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador admitió todas las pruebas de cargo y de descargo presentadas en el caso de Mauricio Funes, su exesposa Vanda Pignato y uno de sus hijos, Diego Funes, con las que el exmandatario será juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito y en el cual deberá demostrar la procedencia de más de $700 mil dólares.

Será sobre el análisis de ambas pruebas, tanto de Fiscalía como de la Defensa, que se desarrollará la audiencia en la etapa probatoria.

El fiscal del caso indicó que, de acuerdo a la ley, el exfuncionario -quien se encuentra asilado en Nicaragua- tendrá que presentarse personalmente a la próxima audiencia.

Además se ordenaron nuevos peritajes sobre los ingresos del exfuncionario con el fin de agregar más pruebas al caso, entre ellos los pagos hechos a través de la empresa Multimedia, propiedad de Jorge Hernández, y las contribuciones hechas por el grupo de empresarios conocidos como "Amigos de Mauricio", los ingresos de Diego Funes Cañas y de Regina Cañas, primera esposa del mandatario.

De la misma forma se ordenó un peritaje por un préstamo de $17 mil que Fabio Castillo le otorgó a Funes antes de asumir la presidencia, por otras deudas contraídas por el expresidente y por la adquisición de armas.

El fiscal a cargo del caso consideró que el patrimonio de Funes podría incrementar después de los nuevos peritajes.

Los peritos a cargo del proceso serán nombrados por la Superintendencia del Sistema Financieros.

El juicio civil se desarrollará el próximo 15 de noviembre y al mismo serán citados los familiares del acusado involucrados en el caso.

En caso que Funes y su familia no pueda comprobar la procedencia de los ingresos obtenidos tendrían que devolver el dinero; además quedarían inhabilitados por 10 años por no poder optar por cargos públicos.