Cambiar de domicilio, del centro de estudios, quedarse sin empleo, asumir la crianza de los hijos y vivir con el miedo de ser víctimas de las pandillas son algunas de las situaciones que enfrentan las familias de policías muertos en servicio.

El Salvador Times habló con las familias de dos policias asesinados por pandilleros y relatan el día a  día, tras la fatídica experiencia.
Para comenzar, los familiares no han recibido el seguro de vida debido a la falta de pago a la aseguradora de parte de la Policía, dejando a las familias en el desamparo.
Soledad P., tiene 60 años y asumió la crianza de sus nietos de 16 y nueve años, luego del asesinato de su hijo, en el primer trimestre de este año, cuando en un operativo para capturar a pandilleros hubo un enfrentamiento armado y murió. 
Soledad no tiene un salario fijo y realiza trabajos de limpieza, lavado y planchado ajeno en diferentes casas, logrando reunir $125 al mes. Con eso, intenta pagar los recibos de servicios, la alimentación para tres personas y los gastos de estudios de sus nietos.

"No hemos recibido ningún dinero de seguro de vida, pero nos han dicho que ya están trabajando en eso", explicó la señora.

Una de las principales dificultades que atraviesa esta familia es la imposibilidad de cambiarse de residencia, ya que tras el asesinato de su familiar existe el temor de ser atacados por la pandilla. 
"Mi preocupación es que se quedan solos en la casa y puede llegar alguien a hacerles algo o que los mismos pandilleros quieran meterlos a esas cosas", explicó.

Sin embargo, en otro caso, cambiar de domicilio no es una solución, como para Claudia B., viuda de otro agente asesinado en marzo de 2016.

"Pasamos con miedo porque no conocemos a nadie a donde vivimos ahora y no queremos que la gente sepa que somos la familia de un policía, porque la pandilla nos puede encontrar", explicó.

Hasta marzo de 2016, Claudia residía en una colonia de San Salvador junto a su esposo y sus dos hijos de siete y dos años; ahora vive en una populosa colonia en el norte de San Salvador, el único lugar donde pudo adquirir una vivienda con el saldo que recibió del seguro de vida.

Claudia fue una de las últimas familias que recibió el seguro de vida de la PNC, luego de que la aseguradora dejara de realizar los desembolsos por un retraso de la corporación en los pagos de las primas. 

El monto que las familias reciben por muerte violenta es de $18 mil; pero la mayoría de las familias coinciden que no es suficiente.
"El dinero que he recibido solo me ha servido para cambiarme de casa, pero eso es solo una parte de todo los gastos que surgieron después de su muerte. He tenido que prestar y aceptar la ayuda de mis familiares”, señaló Claudia.

La mujer agregó que, con el cambio de casa, tuvo que cambiar de lugar de estudios de su hija mayor quien a penas está en primer grado. 
La situación más difícil es el trauma que la niña tiene desde que asesinaron a su padre, según explicó su madre, razón por la cual es llevada a consultas con un psicólogo particular.

"Es una niña fuerte, me dice que no me preocupe,  pero tiene pesadillas y con frecuencia se queda como retraida. Trato de ser fuerte, como ella; pero a veces me ve llorar", explicó la mujer.

Después de un año en que la familia ha subsistido gracias a la ayuda económica de sus familiares, Claudia encontró un trabajo en un comedor de San Salvador donde gana menos de $200 al mes.

"Tengo que pagar para que me cuiden a los niños y hemos comido frijoles los tres tiempos, pero gracias a Dios y mi familia no hemos dejado de comer", detalló.
Como la familia de Claudia hay otras 24 familias de los policías asesinados durante este año.