Evitar que se den “finiquitos exprés”, ampliar las facultades de los magistrados para que las decisiones dejen de ser presidencialistas y mayor control en sus presupuestos son algunas de las reformas que se aprobaron ayer en la Asamblea Legislativa.

Con 71 votos de todos los partidos políticos, los legisladores avalaron 11 reformas a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República (CCR), orientadas a evitar el excesivo presidencialismo en la institución, por lo que ahora las decisiones deberán tomarse con la mayoría de las magistraturas, es decir, que al menos dos de los tres magistrados deberán estar de acuerdo. 

Asimismo, las reformas abren las atribuciones de los magistrados, más allá del presidente, de manera que los finiquitos, que eran facultad exclusiva de la máxima autoridad, ahora serán emitidos por la Corte en pleno. 

Esta medida busca evitar casos como el ocurrido con el documento que le entregó Rosalío Tóchez, al expresidente Mauricio Funes al dejar la Presidencia. No obstante, cuando llegó el sucesor de Tóchez no había registro de cómo se había elaborado tal documento. 

Las reformas aprobadas establecen que el primer y segundo magistrado podrán tomar decisiones que antes estaban limitadas solo al presidente, como nombrar, conceder licencias y aceptar renuncias, así como contratar personal y otras atribuciones propias de las operaciones administrativas y financieras de las autoridades. 

Las nuevas disposiciones también pretenden que la institución sea más restrictiva con los presupuestos de la CCR, que hasta ahora no tenían mayor restricción a la hora de presentar su estimación de gastos. A partir de la reforma, deberán presentar un proyecto anual de ingresos y egresos atendiendo a las políticas presupuestarias y estos deberán incorporarse al presupuesto general de la nación. 

Estos cambios a la ley se ejecutan luego de que la Corte se mantuvo acéfala por cuatro meses y los diputados se vieron en la necesidad de apresurar la elección debido a que el Gobierno necesitaba que el presidente de la CCR autorizara un crédito puente para realizar los pagos para finalizar el año y que se pretendía financiar con la colocación de $550 millones en bonos.

Aunque la Asamblea había nombrado una comisión administradora dentro de la Corte para los fines administrativos, esta no estaba facultada para autorizar el crédito, por lo que el único camino para evitar el impago era elegir al presidente y magistrados. 

Aunque el nuevo presidente -Rodrigo Barahona- lo tomó por sorpresa, este aseguró en conferencia de prensa que es lo más atinado para mejorar el trabajo del ente contralor. 

"Creo que es importante que las decisiones se tomen colegiadas. Vamos a esperar lo que la Asamblea pueda hacer en cuanto a las reformas y como todo funcionario estoy en la obligación de cumplir lo que la Asamblea diga a través de las modificaciones a la ley", dijo Barahona.

Por su parte, la segunda magistrada, Karen Cruz, calificó como positivo este cambio porque se vuelven más trasparentes las decisiones al contar con el aval de cada uno de los magistrados y del presidente.

Los titulares del ente contralor fueron elegidos este mismo jueves para el periodo que finaliza el próximo 30 de julio de 2017.