Cada vez menos personas se enlistan en las filas para obtener un empleo de custodio en la Dirección General de Centros Penales (DGCP) debido a que han aumentado los requisitos para desempeñar esa función, pero también por la situación difícil dentro de los recintos, lo que hace que este no sea un empleo "atractivo".

El titular de la DGCP, Rodil Hernández, confirmó que el número de aspirantes a estos puestos "ha disminuido", aunque no precisó en las cifras o porcentaje pero explicó que esa situación podría deberse a la situación de los presidios y que "los requisitos de ingreso son más exhaustivos", entre estos que son sometidos a pruebas de polígrafo.

El proceso de selección es más riguroso debido a que implica toda una investigación de campo, es decir se visita los lugares donde los aspirantes residen para verificar que no haya una vinculación con pandillas o indicios de mala conducta, "estamos trabajando en que nuestro personal sean buenas personas, es decir reconocidos en su colonia, que no causan problemas en su comunidad", detalló.

"Vamos a las comunidades, cruzamos información con los puestos policiales, son entrevistados, se les pasa pruebas de polígrafo y una vez están adentro se consulta permanentemente a la unidad de inteligencia penitenciaria que se mantiene investigando su posible nexo o participación con alguna estructura", remarcó el director, quien dejó entrever que la filtración en el sistema penitenciario es mínimo o nulo.

Son amenazados por criminales

Sin embargo la situación en las cárceles del país es complicada para quienes tienen la tarea de custodiar a los miembros de maras y pandillas, quienes buscan someter a los custodios para que estos les permitan el ingreso de ilícitos, sobretodo en momentos cuando las medidas extraordinarias se han enfocado en cortar los flujos del ingreso de ilícitos.

Según Hernández, los custodios "pueden ser víctimas de amenazas, para ello tenemos un mecanismo (de prevención) con la inspectoría general de apoyo", y agregó que al detectar una situación como esa los custodios "deben denunciar", ya que  "no podemos conocer ni apoyar a los custodios que no denuncian".

Algunos de las acciones que la DGCP realiza para proteger a los custodios son "el traslado de centro penal, se le consigue todo el apoyo con la Policía Nacional Civil (PNC) de manera que puedan recibir la protección en los lugares de residencia, además son trasladados en vehículos en horas diferentes donde ellos pueden abordar otro transporte de manera más segura", explicó Hernández.

Hay 47 que son investigados

Sin embargo hay algunos que deben enfrentar señalamientos e investigaciones, como los 47 custodios que trabajan en el centro penal de Ciudad Barrios vigilando a 2,800 internos. Estos empleados han sido removidos del recinto debido a que son investigados por su posible participación en el ingreso de más de 1,500 ilícitos que van desde chips de teléfonos hasta monitores de computadora.

El registro de Ciudad Barrios, que duró aproximadamente 10 días, fue ordenado por la Fiscalía General de la República (FGR) luego que el 24 de marzo detonara una granada en la cocina del sector 1 de ese penal donde resultaron heridos dos privados de libertad de los 743 que están asignados en esa zona.

Una granada, armas de fuego, armas blancas, un radio satelital, celulares y sus accesorios, fueron ocultos dentro de excavaciones con ramificaciones de hasta 2.5 metros que según el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde provienen en su mayoría del año 2012 -el periodo de la tregua entre pandillas cuando les dieron beneficios a las pandillas a cambio de que disminuyeran los homicidios- pero debido el descubrimiento de celulares de modelos recientes los llevó a reconocer la posible participación de los empleados de la DGCP.

Las requisas son ordenadas por los superiores de la DGCP y esta es la primera vez que las autoridades ordenan una requisa total ya que en el pasado lo estaban haciendo de manera paulatina, es decir sector por sector y en ese sentido siempre quedaban zonas que no eran registradas. Ante eso las autoridades alegaron falta de recursos.

Hernández reconoció que este "es un trabajo de mucho riesgo, nuestro personal lo sabe", pero recalcó que la mayoría de trabajadores "son honestos", pero que existen algunos que "como una vez dijo el ministro no se les puede considerar más que como traidores, porque aunque sean amenazados o alguna de situación similar tenemos los mecanismos para ayudarles".

"Aquel que no busca ese apoyo, esa ayuda, es porque desea continuar en esa situación", puntualizó el director.