Los abogados de los exfuncionarios César Funes y de Julio Rank señalaron que sus clientes actuaron conforme a la ley y que el dinero que recibieron, por lo cual se les acusa bajo sospechas de corrupción, estuvo amparado en la legalidad.

Para el caso de Funes, quien se desempeñó como secretario de la Juventud, de 2004 a 2006, su abogado utilizará la estrategia de demostrar, documentos en mano, que los fondos por los que se le acusa, se utilizaron para la creación de dicha entidad y que, en todo caso un posible delito ya habría prescrito, por lo que no habría motivo para perseguirlo penalmente. Este tipo de infracción prescribe a los 8 años, y hasta el momento “han pasado once años”, señaló el defensor Mario Machado.

Según Machado, la cantidad recibida por Funes, que asciende a $320,000 se utilizó para la creación de la Secretaría de Juventud, y existe la documentación que lo respalda, manifestó.

“Se tiene la documentación de pagos de suministros para el funcionamiento de la Secretaría de la Juventud” dijo, a la vez que aseguró que en el juicio se presentarán copias de recibos de compras realizadas por Funes cuando administraba dicha entidad.

Por su parte, Lisandro Quintanilla, abogado del exsecretario de la presidencia, Julio Rank, admitió que su cliente recibió dinero pero que todo estuvo amparado en la legalidad, autorizado por un Reglamento de Fondos Reservados para el pago de Bienes y Servicios. Rank se defendió diciendo que la asignación del presupuesto estaba dentro del margen de la ley.

“La razonabilidad (que justifica la administración) del presupuesto la tiene que discutir la Corte de Cuentas”, remarcó Quintanilla, a la hora de cuestionar el trato que se le da a su defendido desde la FGR.

En ambos casos los abogados han pedido que se decrete medidas sustitutivas. Quintanilla aseguró que Rank sufrió un preinfarto hace un año; mientras que el abogado de Funes, hizo ver que el padre de este padece cáncer y que es él quien le presta las atenciones.