El director de Centros Penales, Rodil Hernández, y su antecesor, Nelson Rauda, enfrentaron la audiencia inicial este día por ser acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta en el manejo del dinero proveniente de las tiendas institucionales ante el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.

Después de ventilar el caso, el juez determinó enviar el caso a instrucción y les otorgó a ambos medidas sustitutivas a la detención, es decir, que continuarán el proceso judicial en libertad. 

Entre las medidas que se le decretaron: deberán presentarse cada ocho días a firmar al juzgado, no cambiar de domicilio y no salir del país. 

La defensa de ambos imputados habían pedido al juez las medidas sustitutivas debido a que ambos alegaron tener responsabilidades laborales y familiares que cumplir. 

La jueza al final de la audiencia increpó a la Fiscalía, debido a que tiene que fundamentar las acusaciones para detallar la participación de ambos funcionarios. Asimismo, no se detalla los montos que habrían sido malversados, para justificar el delito de administración fraudulenta. 

Al finalizar la audiencia, Hernández se mostró satisfecho con el otorgamiento de medidas, aunque reprochó como se ha estado llevando el caso. "Públicamente nos han destruido pero en la etapa de instrucción vamos a demostrar todo", sentenció. 

Según la abogada de Hernández, Bertha Deleón, no existen suficientes elementos para solicitar la detención y calificó la situación de su defendido de un "mal procedimiento" y un "acto arbitrario".

"La única arbitrariedad es la que ha cometido la Fiscalía General de la República en la detención de un funcionario de alto nivel, cuando no se ha establecido el cometimiento del delito", argumentó la defensora.

La Fiscalía General de la República asegura que los funcionarios han hecho uso de los fondos de las tiendas institucionales de manera “antojadiza” y “discrecional”.

Para Deleón, la Fiscalía ha tipificado erróneamente los delitos, mismos que están en la escala de delitos menores porque la ley les otorga penas de entre 2 y 5 años de cárcel.

Según la profesional, para que la Fiscalía proceda debe existir un titular o una persona que se considere afectada de una mala administración y que no de existir se está frente a una investigación ilegal. 

Por su parte, el abogado defensor del exdirector Rauda, Manuel Chacón, presentó un incidente en el que planteó un doble juzgamiento contra su representado debido a que en el caso Tregua también se le ha acusado del delito actos arbitrarios y se han presentado incluso los mismos documentos. 

La Fiscalía se desmarcó de esa acusación alegando que aunque es el mismo delito no van en el mismo sentido por lo cual la forma de proceder es diferente y no se deben mezclar.

La FGR señala que una entrevista hecha a Rauda él explicó que el uso de esos fondos fue para el pago de inteligencia el cual fue autorizado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, este último aceptó en otra entrevista que recibió entre $2,000 y $2,500 mensuales y que en total había recibido entre $20,000 y $25,000.