De 10 de los 17 imputados por presuntamente haber lavado el dinero que supuestamente Tony Saca malversó de Casa Presidencial, se les decretó instrucción con detención y aunque actualmente guardan prisión en la División de Tránsito Terrestre de la PNC con la nueva medida, su destino podrían ser diferente.

De los 10, a Hernán Antonio Leiva Alemán se le decretó arresto domiciliar, por padecer de una enfermedad terminal. 

Sin embargo, en el caso de Julio Roberto Zamora Bolaños, quien era el encargado de la dirección de Planificación de la administración Saca se le girará orden de arresto, pues durante la audiencia se le procesó en calidad de ausente y solamente se presentó su abogado defensor. Sin embargo, el exempleado de Casa Presidencial tiene ahora 74 años y su abogado indicó que muy difícilmente puede someterse a una detención.

No obstante, el resto de imputados sí deberá cumplir la detención en la División de Tránsito Terrestre de la PNC. 

En este sentido, tanto Sonia Guadalupe Morales de Reyes como María Enma Suazo Canjura pidieron mantenerse en este lugar, debido a que se sienten amenazadas porque ambas trabajaron en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Pero en este caso, será la Dirección General de Centros Penales quien determine a dónde serán enviados. Lo más que pueden hacer sus defensores es sugerirle a Centros Penales que por protección sean consideradas y se mantengan en esas bartolinas.

El sector 9 de Mariona

Sin embargo, existe la posibilidad de que sean trasladados al nuevo sector 9 del centro penal “La Esperanza”, mejor conocido como Mariona, donde guarda prisión el expresidente de la República, Tony Saca, así como su secretario privado, Elmer Charlaix; el ex secretario de Juventud, César Funes; y su exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank. 

El director de Centros Penales, Rodil Hernández, ha asegurado que en el sector 9 de Mariona aún hay más de 60 espacios disponibles, por lo que estos imputados podrían ser trasladados ahí junto a los otros implicados en el mismo caso.

Este sector es un ala nueva del penal, que fue habilitada en enero de este año. En un primer momento, Hernández, indicó que fue habilitado para albergar a reos comunes que podrían correr algún nivel de riesgo en su seguridad, por lo que los primeros en estrenar estas instalaciones fueron Maximiliano González Jiménez, conocido como "Gordo Max" y el empresario Ernesto Regalado O'Sullivan.

En este sentido, podría ser un espacio adecuado para los ocho imputados en este caso, debido a que la mayoría han sido empleados de la OIE o familiares directos de Saca, como es el caso de su cuñado, Óscar Edgardo Mixco Sol, quien incluso corrió como diputado del Parlamento Centroamericano del partido GANA.
 

Las acusaciones surgen de las investigaciones de la Fiscalía, quien deberá comprobar ante el tribunal si son ciertas o no. Por el momento, los acusados son inocentes de acuerdo al derecho que les confiere la Constitución llamado presunción de inocencia, que indica que nadie es culpable hasta que es vencido en juicio.