Un empresario demandó a su hermano y a su cuñada, quienes además son sus socios, debido a que -según él-  que estos manipularon el sistema judicial  para someterlo a un proceso por el delito de difamación del cual resultó absuelto.

En 2011, José K. y Catalina K. iniciaron un proceso judicial en contra de Víctor K. a quien señalaron de haberlos difamado ante el superintendente del Sistema Financiero nacional a través de una carta en la que supuestamente advirtió de irregularidades cometidas por la pareja para obtener un préstamo en un banco.

Víctor alegaba que su hermano y su cuñada habían violentado el pacto social en la empresa que ambos administraban y que les había sido heredada por su padre.

Pero la demanda de la pareja no fue presentada ante la Fiscalía General de la República, sino directamente ante un juez de Sentencia, quien -según Víctor- por ser conocido de la pareja accedió a procesarlo.

Pese a que el proceso de denuncia no inició en el ministerio público –única institución facultada constitucionalmente para realizar investigaciones en este tipo de casos- Víctor tuvo que enfrentar las audiencias de las tres etapas que ordena el Código Penal.

En 2012, el juez a cargo del proceso en la etapa de Sentencia absolvió de toda responsabilidad al empresario, debido a que no se mostraron pruebas contundentes que demostraran que había calumniado a su hermano y a su cuñada.

Según el fallo, Víctor  demostró que la carta enviada al superintendente contenía una serie de irregularidades cometidas por sus familiares, quienes sin consultarle decidieron hipotecar la empresa de la que él también es dueño.

Por esta razón, Víctor contrademandó a sus parientes quienes -asegura- le hicieron invertir dinero y tiempo en el proceso en el que, además, subraya se inició en su contra sabiendo que era inocente.

Los representantes legales del ahora ofendido acudieron a la Fiscalía General de la República para iniciar un proceso contra sus familiares, quienes pasaron a ser los acusados y a los que les exige el pago de $350,000 en concepto de indemnización.

Víctor sostiene que Catalina y José lo llevaron a incurrir en serias deudas para demostrar su inocencia y que además la cantidad de dinero reclamada es para reparar los daños causados a su honor e imagen como empresario.

La semana pasada el tribunal Primero de Instrucción –mismo que procesó el anterior caso- decidió que las pruebas presentadas tanto por la querella como por Fiscalía son suficientes para que se celebre el juicio.

Mientras se fija la fecha para la vista pública, tanto acusador como acusados siguen administrando la empresa que los tiene en este litigio legal, en el que Víctor aclaró que no ha solicitado enviarles a prisión.